La promocionada «revolución verde» de Uruguay ha chocado de frente con la realidad fiscal de un gobierno que parece no encontrar límites a su voracidad recaudatoria. En una declaración que ha sacudido al sector automotor, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que se evalúa seriamente la aplicación de nuevos impuestos a eléctricos. Bajo el pretexto de que el mercado ya está «instalado», el Poder Ejecutivo pretende utilizar las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto para gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a vehículos que, hasta hoy, eran el estandarte de la transformación energética del país. La señal es clara: una vez que el ciudadano confió en la tecnología y realizó la inversión, el Estado aparece para reclamar su tajada.
El avance de los Impuestos a eléctricos y la traición a la política de Estado
Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), la reacción fue de absoluta incredulidad y rechazo. Ignacio Paz, gerente de la gremial, fue tajante al afirmar que esta iniciativa va en el sentido opuesto a lo que debería ser una política de Estado coherente. Según Paz, la aplicación de gravámenes a la importación de estas unidades representa una «mala señal» que se suma al reciente incremento en los costos de la energía y al aumento de la patente de rodados decidido por el Congreso de Intendentes. Es, en esencia, un castigo a la eficiencia y un retroceso en los compromisos internacionales que el país asumió para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El argumento de Oddone se basa en una supuesta «adecuación tributaria» similar a la de otros países, sugiriendo que los incentivos ya cumplieron su función. Sin embargo, este razonamiento ignora que los vehículos eléctricos representan apenas el 2% del parque automotor circulante. Pretender que el mercado es maduro solo porque las ventas del primer trimestre fueron positivas es una lectura cortoplacista que prioriza el ingreso de caja inmediato por sobre el almacenamiento de energía renovable sobrante durante las noches, momento en el que estos vehículos suelen cargarse.
Alta gama como excusa para el manotazo fiscal
El gobierno ha intentado matizar la medida señalando que el foco principal son los vehículos de alta gama y recreativos, argumentando que «no hay razón para estimularlos». No obstante, la redacción del proyecto abre la puerta a una revisión general del Imesi para casi todo el segmento de pasajeros, exceptuando únicamente a utilitarios y maquinaria. Esta lógica de «fines distributivos», también impulsada por sectores del Frente Amplio, termina por encarecer una tecnología que ya de por sí tiene un costo de adquisición elevado, alejándola definitivamente del bolsillo del uruguayo medio.
El impacto en la confianza del consumidor
La incertidumbre sobre las reglas de juego es quizás el daño más profundo que genera este anuncio. Quienes apostaron por la movilidad eléctrica lo hicieron bajo una promesa de estabilidad y fomento estatal. Al cambiar las condiciones de forma abrupta, el Ministerio de Economía rompe la confianza del inversor y del ciudadano. La «certeza» de la que habla Oddone parece ser, en realidad, la certeza de que el Estado siempre buscará la forma de penalizar el consumo, incluso cuando este se alinea con la tan mentada sostenibilidad ambiental.
Contradicción energética y pérdida de ritmo
Uruguay desperdicia energía renovable durante las horas de baja demanda, y los autos eléctricos son la solución perfecta para aprovechar ese excedente. Aplicar trabas impositivas en este momento es sabotear la matriz energética que el propio país construyó con esfuerzo. Mientras el mundo acelera hacia la descarbonización, el equipo económico uruguayo decide poner el freno de mano, priorizando la planilla de Excel del MEF por sobre el aire limpio y la independencia del petróleo extranjero.
La voracidad impositiva no solo amenaza con desacelerar las ventas, sino que pone en duda la seriedad institucional de Uruguay ante organismos internacionales. Si el Estado incentiva una conducta para luego gravarla apenas se vuelve popular, la política pública se transforma en una trampa para el contribuyente. El debate sobre los impuestos a eléctricos apenas comienza, pero el daño a la imagen de un Uruguay «verde» y previsible ya es un hecho consumado por la pluma de un ministerio que no perdona ni siquiera a quienes intentan contaminar menos.
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