La Jutep bajo la lupa: un fallo que erosiona la confianza pública
La resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, provocó una tormenta política y ciudadana. El organismo, encargado de velar por la integridad y la transparencia en el Estado uruguayo, concluyó que no existía incompatibilidad entre el cargo de Danza y su ejercicio privado como médico en mutualistas. Sin embargo, la decisión ha sido calificada por buena parte del espectro político y social como un “salvataje político” y un golpe a la credibilidad institucional del país.
Un fallo que contradice a los técnicos
El informe jurídico interno de la propia Jutep, elaborado por su Asesoría Letrada y respaldado por el director Luis Calabria, había advertido sobre una clara incompatibilidad en el desempeño simultáneo de funciones públicas y privadas. Ese documento, que debía orientar la decisión del directorio, fue —según denuncian desde la oposición— “dejado de lado” para blindar a Danza. La crítica apunta a una politización creciente del organismo que, en teoría, debería ser un referente técnico y neutral en materia ética.
Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, afirmó que la resolución representa “una decisión política por encima del derecho”. El senador Martín Lema añadió que la renuncia de Danza a sus cargos en tres mutualistas —Asociación Española, Cams de Soriano y Médica Uruguaya—, concretada horas antes del fallo, confirma que existía una situación irregular que el gobierno no quiso admitir.
El gobierno y el Frente Amplio cierran filas
Desde el oficialismo, en cambio, se intentó presentar el fallo como un cierre del conflicto. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldó públicamente a Danza, destacando que “deja de lado intereses personales al suspender su actividad privada”. En la misma línea, legisladores del Frente Amplio como Sebastián Sabini y Daniel Caggiani defendieron la trayectoria del jerarca y acusaron a la oposición de montar una campaña de desprestigio.
Pero estas defensas no lograron frenar el creciente escepticismo social. Para amplios sectores, la Jutep ha dejado de ser un organismo garante de la ética pública para transformarse en una herramienta política. Las redes sociales amplificaron el enojo, con miles de usuarios señalando que “la ética se convirtió en un tema partidario”.
La reacción opositora: “una vergüenza nacional”
El senador Sebastián Da Silva fue tajante: “Están rompiendo todo. La Constitución es clara, pero como es amigo del presidente lo quieren salvar”. Otros dirigentes, como el diputado Juan Martín Rodríguez, calificaron a la Jutep de “organismo deshonesto”, mientras Rodrigo Blás denunció que “demasiadas instituciones están perdiendo legitimidad por proteger a un solo hombre”.
El colorado Felipe Schipani fue aún más lejos: “La actual Jutep es un comité de base del Frente Amplio”. Su frase sintetiza el malestar general: la sensación de que la independencia ética del Estado ha sido sacrificada en nombre de la conveniencia política.
Transparencia en crisis: un golpe a la institucionalidad
El caso Danza no solo pone en entredicho la imparcialidad de la Jutep. También plantea una pregunta más profunda: ¿cómo puede el Estado exigir transparencia si su propio órgano de control ignora los dictámenes técnicos? Cada decisión polémica erosiona un poco más la confianza ciudadana en la institucionalidad uruguaya, tradicionalmente valorada por su seriedad y ética pública.
Si la ética se vuelve negociable, la transparencia deja de ser un principio y se convierte en una estrategia. Y cuando eso ocurre, el daño trasciende a los gobiernos: golpea la base misma de la democracia.
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