¿Por qué Uruguay pierde terreno en libertades civiles según el World Justice Project?

Por Agustin Miller

El nuevo informe del World Justice Project (WJP) para 2025 llegó como un espejo que devuelve una imagen compleja de Uruguay. Por un lado, la satisfacción de liderar, una vez más, el ranking de Estado de Derecho en América Latina; por otro, la inquietud que genera el estancamiento —y en algunos puntos, el retroceso— en indicadores que solían ser nuestra marca registrada: las libertades civiles.

Caminar por la Plaza Independencia un lunes a la mañana transmite una sensación de orden que difícilmente se encuentra en otros puntos del continente. Esa estabilidad, que los uruguayos solemos dar por sentada, es la que hoy valida el WJP cuando nos ubica en el tope de la tabla regional. La independencia de los jueces, la vigencia de los contratos y la ausencia de corrupción sistémica siguen siendo los pilares de este “modelo uruguayo”. Pero, ¿es suficiente con eso?

El deslizamiento silencioso de las libertades

La letra chica del informe es donde realmente está la noticia. El indicador de libertades civiles presenta una tendencia a la baja que no ha pasado desapercibida para los analistas políticos. No se trata de un colapso democrático, sino de una erosión que se siente en los microdetalles: desde la creciente polarización en el debate público hasta ciertas tensiones en la libertad de expresión y los mecanismos de participación ciudadana.

En las charlas de café y en las facultades de Derecho, el debate es recurrente: ¿estamos perdiendo nuestra esencia o simplemente nos estamos ajustando a una realidad global de mayor vigilancia y control? Los datos del WJP sugieren que Uruguay ha mantenido su estructura institucional intacta, pero los espacios de libertad individual —esos que permiten disentir sin represalias o participar sin barreras— muestran grietas que no estaban ahí hace apenas un lustro.

El desafío de no vivir de las rentas

El Uruguay del 2025 no puede conformarse con “ser el menos malo” de la región. El informe del World Justice Project es, en esencia, un llamado de atención. La solidez de nuestras instituciones —esa suerte de coraza que nos protege de las crisis que arrasan a otros países— no debe transformarse en una zona de confort que nos impida ver los problemas internos.

Cuando los indicadores de libertades civiles flaquean, el daño no siempre es inmediato. Es un proceso invisible: un poco más de autocensura aquí, una mayor dificultad de acceso a la información allá, y una creciente desconfianza hacia los mecanismos de control ciudadano. El liderazgo regional es un orgullo, claro, pero mantenerlo exige una vigilancia constante que no siempre estamos dispuestos a ejercer.

Al final del día, el Estado de Derecho es mucho más que leyes escritas en el Palacio Legislativo; es la libertad real de cada habitante de ejercer sus derechos. Y en ese terreno, Uruguay todavía tiene la oportunidad de corregir el rumbo antes de que la caída sea más pronunciada.