UE.- La Eurocámara lleva al TJUE la aprobación de los préstamos para Defensa por quedarse al margen del proceso

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la anulación del plan de préstamos para Defensa, conocido como SAFE y dotado de 150.000 millones de euros, aduciendo que se aprobó dejando al margen a la Eurocámara, que defiende que debe volverse a adoptarse sobre la base jurídica adecuada.

Según ha confirmado a Europa Press el servicio de prensa de la institución, este miércoles la Eurocámara ha dado el paso de llevar el fondo europeo ante el TJUE para que proceda a su anulación, siguiendo la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

En todo caso, solicita al mismo tiempo que se mantengan los efectos del reglamento hasta que sea sustituido por un nuevo acto adoptado sobre la base jurídica adecuada, de tal forma que este proceso legal no obstaculice la puesta en marcha del fondo y el despliegue de los préstamos para reforzar a los Ejércitos europeos.

El Parlamento Europeo pone el foco en el artículo 122, el método de urgencia seguido en este caso para que el Consejo, a propuesta de la Comisión, decida medidas adecuadas en materia económica ante situaciones graves, un ámbito que el Tratado acota al suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía, o en la respuesta ante desastres.

Este trámite fue utilizado en distintas ocasiones por la Comisión y el Consejo para responder a la crisis del coronavirus y a la situación energética creada tras la invasión rusa de Ucrania, en una maniobra que soslaya al Parlamento Europeo.

Para la Eurocámara el procedimiento seguido para la adopción de SAFE fue incorrecto e innecesario, ya que socava la legitimidad democrática al no contar con el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la UE junto al Consejo. En todo caso la denuncia ante el TJUE no pone en jaque el despliegue de los fondos, que 18 Estados miembros, entre ellos España, ya han solicitado a la Comisión Europea, por valor total de 127.000 millones de euros.