Impactante radiografía del sistema penitenciario uruguayo: cuatro de cada 10 presos sufren trato inhumano

Por Roy Rodriquez

Condiciones inhumanas en el sistema penitenciario uruguayo

El sistema penitenciario uruguayo no solo enfrenta problemas de infraestructura, sino también una profunda crisis de gestión. Según el informe del comisionado parlamentario, el sistema penitenciario uruguayo reproduce exclusión social, acumula violencia y vulnera derechos fundamentales. Reformar el sistema penitenciario uruguayo implica repensar el modelo de sanción penal, revisar el uso excesivo de la prisión y garantizar condiciones dignas para quienes cumplen condena.

El documento, elaborado al cierre de su gestión, denuncia que miles de internos no acceden a atención médica, programas de rehabilitación ni espacios educativos. Esta situación, advierte Petit, configura un “estado inconstitucional” dentro de las cárceles del país, donde la privación de libertad se convierte en una condena que va más allá de lo judicial.

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Un sistema que reproduce exclusión y violencia

Más allá de los muros, el impacto del sistema carcelario alcanza a familiares, trabajadores penitenciarios y comunidades enteras. En un país con población envejecida y en retroceso, el número de personas encarceladas representa un peso demográfico significativo. Para Petit, el uso excesivo de la prisión como respuesta penal está vinculado a problemas sociales más profundos, como la exclusión, la salud mental y la pobreza.

“Rompe los ojos el uso desmedido de la cárcel para conductas que requieren otro tipo de intervención”, expresó el comisionado. En su visión, el sistema actual no solo fracasa en rehabilitar, sino que acumula violencia que luego vuelve a la sociedad.

Falta de recursos y gestión ineficiente

El informe también alerta sobre el financiamiento del sistema penitenciario, que “tiende a volverse imposible”. Las cárceles carecen de presupuesto suficiente para operar con eficiencia, lo que repercute en la salud pública, la seguridad ciudadana y la posibilidad de reinserción. Petit propone que la gestión penitenciaria salga de la órbita del Ministerio del Interior, para ganar autonomía y eficacia.

“La falta de recursos afecta múltiples dimensiones: los derechos humanos, la salud, la seguridad y la posibilidad de que las personas se reinserten”, señala el documento. Según el comisionado, las carencias le están “ganando la batalla” a la sociedad.

Reformas que no alcanzan

Durante los últimos años, se incorporaron técnicos, protocolos de actuación y espacios educativos en algunos centros. Sin embargo, Petit sostiene que estos avances son insuficientes frente a la magnitud del problema. Para revertir la situación, se necesita una acumulación sostenida de políticas públicas que apunten a la integración social.

“El sistema debe transformarse en una usina de inclusión, no en una fábrica de exclusión”, afirmó. Para ello, propone fortalecer los procesos socioeducativos y cortar el ciclo de violencia desde adentro.

Medidas alternativas y redención de penas

Una de las propuestas más contundentes del informe es reducir el uso de la cárcel como única respuesta penal. Uruguay tiene dos personas encarceladas por cada una con medida alternativa, mientras que los países con sistemas más integradores presentan la proporción inversa. Para Petit, ampliar las sanciones no privativas de libertad es más eficiente, menos costoso y socialmente más justo.

También plantea que todos los delitos deberían permitir redimir pena, incluso los más graves. “Uruguay no tiene cadena perpetua. Tarde o temprano, todos van a salir. Es necesario que tengan una luz, aunque sea lejana”, expresó. La propuesta generó polémica, pero Petit insiste en que la reinserción debe ser el objetivo central del sistema.

Una política penal que necesita revisión estructural

El informe de Petit no solo denuncia las condiciones actuales, sino que también interpela el modelo de sanción penal vigente en Uruguay. Según el comisionado, el país ha abusado históricamente de la prisión como herramienta de control, sin evaluar su eficacia real en términos de seguridad, rehabilitación y reinserción. “La cárcel no puede ser la única respuesta frente a la infracción. Hay que construir un sistema más inteligente, más humano y más eficiente”, afirmó.

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En ese sentido, Petit propone avanzar hacia una política penal que priorice la proporcionalidad, la prevención y la integración social. Esto implica revisar el Código Penal, fortalecer el sistema de medidas alternativas y garantizar que las penas privativas de libertad sean realmente excepcionales. También sugiere que el Estado debe asumir un rol activo en la generación de oportunidades para quienes egresan del sistema, evitando que la reincidencia sea la única puerta de retorno.