El domingo por la madrugada, un ataque con explosivos y disparos sacudió el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El hecho generó conmoción en todos los ámbitos políticos y una crisis de credibilidad para el ministro del Interior, Carlos Negro.
Las reacciones no tardaron. El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Alberto Lacalle Pou expresaron su condena en términos fuertes. Los partidos Nacional y Colorado convocaron a reuniones urgentes para determinar su postura. También el Partido Independiente y Cabildo Abierto emitieron comunicados repudiando el ataque y mostrando respaldo a la funcionaria.
El sindicato de la Guardia Republicana fue más allá y pidió la renuncia inmediata de Negro. En su comunicado acusó fallas graves en la planificación de custodia policial, exponiendo tanto a la fiscal como a los agentes responsables de su protección al “riesgo innecesario”.
Negro, recordando declaraciones previas suyas sobre la lucha contra el narcotráfico —que ya generaron polémica— ofreció una conferencia de prensa. No obstante, las críticas de antiguos ministros y voces opositoras cargaron contra él: lo acusan de no tener firmeza política ni capacidad de liderazgo frente al crimen organizado.
El atentado no se presenta como un episodio aislado. El mensaje es claro: no basta con discursos de combate; hace falta estructura, inteligencia y respaldo institucional real. Uruguay enfrenta ahora una prueba exigente: demostrar que el Estado puede proteger su propia estructura judicial y recuperar terreno frente al crimen.
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