La Paz, 24 de octubre
Las protestas y bloqueos de carreteras que han sacudido Bolivia durante las últimas semanas se han convertido en un desafío significativo para el presidente Rodrigo Paz. En un contexto de creciente tensión social y crisis económica, el mandatario ha expresado su preocupación por el impacto que estas movilizaciones pueden tener en el proceso de transformación democrática y económica que busca implementar su Gobierno.
En una reciente entrevista, Paz destacó que la situación actual pone a prueba la estabilidad institucional del país, que se encuentra en una transición hacia un modelo más abierto a la inversión privada y al comercio exterior. Las manifestaciones, que ya llevan cuatro semanas, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos, especialmente hacia La Paz y la vecina El Alto.
El Ejecutivo ha intentado sortear la crisis a través de negociaciones con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad han intervenido para despejar algunas vías, utilizando en ocasiones gases lacrimógenos. “Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”, afirmó Paz desde la sede presidencial.
El presidente, quien asumió el cargo en noviembre tras dos décadas de gobiernos socialistas, advirtió que la crisis actual “pone en tela de juicio la viabilidad de la democracia en Bolivia”. En este marco, el Gobierno ha convocado para este domingo una reunión con la federación de agricultores de La Paz, buscando avanzar hacia una salida negociada a las protestas y bloqueos.
Además, un consejo socioeconómico, que incluye representantes de diversos sectores, se reunirá el miércoles para discutir iniciativas económicas en áreas estratégicas como el petróleo, el gas, la minería y el litio. Paz confía en que estas citas puedan ayudar a reducir la tensión, aunque recordó que la Constitución permite el uso de la fuerza pública en ciertas circunstancias.
Los manifestantes, que incluyen agricultores, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, han exigido la renuncia de Paz, argumentando que no ha logrado revertir la grave situación económica del país en medio año de gestión. El presidente lamentó que “el pasado no quiere ceder el paso al presente y al futuro”, refiriéndose a sectores que se resisten a permitir que Bolivia avance en su proceso de cambio político y económico.
A pesar del clima de conflictividad, Paz ha reafirmado su compromiso de transformar el país antes de finalizar su mandato. Su objetivo es reducir el déficit fiscal, consolidar una economía más abierta y fortalecer la seguridad jurídica, al tiempo que busca disminuir las tensiones sociales y raciales. “Nuestro Gobierno representa el cierre de un ciclo de gestión de los últimos 20 años”, sostuvo.
Las manifestaciones y bloqueos han marcado la actualidad sociopolítica en Bolivia, donde la Policía ha logrado habilitar un corredor para liberar al menos 70 cisternas de gasolina y diésel que estaban retenidas en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto. Este combustible será crucial para abastecer las estaciones de servicio de La Paz y El Alto.
En medio de esta situación, el Gobierno ha rechazado que los recientes cambios en el gabinete de Paz respondan a una crisis interna. Según el Ejecutivo, se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente en el marco de sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, las movilizaciones continúan, con indígenas, campesinos y sindicalistas asediando La Paz y exigiendo la dimisión de Paz, en un contexto que ya ha dejado cuatro muertes y más de un centenar de detenidos.
Las tensiones en Bolivia siguen en aumento, mientras el Gobierno intenta encontrar un camino hacia la estabilidad en medio de un panorama complicado.
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