El Ministerio del Interior desarticuló una célula criminal transnacional dedicada a la venta ilegal de fármacos para perder peso que no están autorizados por el MSP. Las dosis eran traídas por “mulas” brasileñas desde Londres, se acopiaban en Montevideo y se vendían de forma clandestina a $ 13.000 cada una.
El furor mundial por los fármacos inyectables para bajar de peso encontró su veta ilegal en la frontera uruguaya, pero la sutil maniobra terminó desmoronándose en la terminal de arribos. En una investigación conjunta que unió los hilos de las terminales portuarias con el espionaje al crimen organizado en la región, la Policía Nacional logró desmantelar una sofisticada célula de una banda transnacional dedicada al contrabando y comercialización clandestina de medicamentos de alta gama para adelgazar.
El despliegue, bautizado como operación Dosis, fue ejecutado por el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de Crimen Organizado e Interpol, en un trabajo de pinzas con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos y la Policía Federal de Brasil.
La organización movía miles de dólares explotando la desesperación estética y el mercado negro. Los efectivos realizaron dos allanamientos clave el pasado jueves, logrando detener a un ciudadano uruguayo —quien no contaba con antecedentes penales previos— e incautando un arsenal de 365 jeringas listas para su colocación de las cotizadas marcas Tirzepatida, Wegovy y Ozempic. Junto a los fármacos, los agentes encontraron fajos de billetes que sumaban US$ 74.900 y $ 167.500 en efectivo, elevando el valor total del golpe aduanero a los US$ 240.000.
Las “mulas” de Londres y el filtro de Carrasco
La investigación criminal no nació en las farmacias de barrio, sino en los minuciosos controles de pasajeros que se realizan en las terminales del país. Durante los últimos meses, los analistas de Interpol detectaron un patrón de conducta que encendió las alarmas: ciudadanos brasileños arribaban en vuelos de larga distancia —mayoritariamente con escalas originadas en Londres— transportando los delicados medicamentos inyectables pegados directamente a la piel con fajas de contención, burlando la cadena de frío indispensable para estas sustancias.
En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, gracias a un cruce de datos con la Dirección Nacional de Aduanas, se interceptó una primera tanda de 160 jeringas inyectables. Lo que terminó de confirmar la existencia de la red fue el itinerario de los sospechosos: los ciudadanos extranjeros ingresaban a Montevideo, entregaban la mercadería a su contacto local y pegaban la vuelta hacia Brasil de manera inmediata, a veces pocas horas después de haber pisado suelo uruguayo.
Una vez que los cargamentos eran acopiados en la capital, se activaba un aceitado circuito de venta clandestina. Cada dosis se comercializaba a un valor fijo de $ 13.000, exigiendo estrictamente el pago en efectivo y con entregas en mano previamente pautadas. El objetivo era claro: no dejar ni una sola huella digital o electrónica en el sistema financiero que pudiera alertar a la Secretaría de Antilavado.
El nexo con la operación “Pluma Pesada” de Brasil
Los técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) intervinieron con urgencia para auditar la mercadería incautada. Las autoridades sanitarias ratificaron un peligro latente para los consumidores: ninguno de estos potentes compuestos inyectables cuenta con los registros o la autorización correspondiente para ser vendidos libremente en territorio uruguayo.
El operativo local es apenas la punta del iceberg de una estructura mafiosa con ramificaciones continentales. El caso se acopla de forma directa con la operación “Pluma Pesada”, un megaoperativo lanzado en abril por la Policía Federal de Brasil en 12 estados norteños y fronterizos, donde se decomisaron miles de ampollas de contrabando similares. Aquella investigación norteña ya había mapeado la fisonomía de esta red transnacional que lavaba fortunas mediante la compra de propiedades de lujo y vehículos de alta gama.
Tras las instancias judiciales correspondientes celebradas este sábado, el uruguayo detenido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada. El dictamen judicial le fijó una pena de 20 meses de prisión, la cual fue sustituida por el beneficio de un régimen de libertad a prueba bajo estrictas condiciones de presentación ante la autoridad.
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