La procuraduría de Colombia exige acciones urgentes contra minas antipersonal en regiones críticas

Por Jesús Vargas

Incremento preocupante de accidentes en Bajo Cauca y Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un llamado enérgico al Gobierno nacional de Colombia para que tome medidas inmediatas frente al alarmante aumento de accidentes causados por minas antipersonal en las regiones de Bajo Cauca y Catatumbo. Estas zonas han registrado el mayor número de víctimas en el país durante el primer trimestre de 2026, según informan las autoridades. La situación es especialmente crítica, ya que estas minas, utilizadas por grupos armados ilegales, constituyen una violación clara al Derecho Internacional Humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la fuerza pública.

Un panorama alarmante: cifras y contexto regional

En un comunicado emitido el pasado domingo 10 de mayo, la Procuraduría destacó que las regiones de Bajo Cauca y Catatumbo encabezan la lista nacional de víctimas por minas antipersonal en 2026. Este aumento de incidentes es el resultado de una táctica sistemática de grupos armados ilegales que buscan ejercer control territorial mediante el uso de explosivos. Estos artefactos son empleados para sembrar terror, imponer confinamientos y limitar la movilidad de las comunidades, lo cual representa una infracción grave a los acuerdos internacionales vigentes.

Las cifras oficiales revelan que durante los primeros meses de este año, estas dos regiones han concentrado la mayoría de los casos reportados a nivel nacional. La Procuraduría ha calificado estos actos como una “grave infracción” a las normas del Derecho Internacional Humanitario, resaltando que las minas antipersonal están prohibidas por su carácter indiscriminado.

Impacto humanitario y obstáculos para la paz

El impacto humanitario de la presencia de minas antipersonal es devastador. Según la Procuraduría, estos artefactos no solo imponen el terror en las comunidades, sino que también generan confinamientos y ponen en riesgo inminente la vida e integridad de tanto la población civil como la fuerza pública. La situación actual en Bajo Cauca y Catatumbo representa un obstáculo significativo para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, ya que dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios básicos, educación y asistencia humanitaria.

El comunicado del organismo de control señala que la táctica criminal empleada por los grupos armados ilegales busca no solo controlar el territorio, sino también condicionar la cotidianidad de miles de habitantes, quienes enfrentan el riesgo constante de sufrir lesiones o perder la vida debido a la activación de estos explosivos.

Llamado a la acción y exigencia de respuestas estatales

En su comunicado, la Procuraduría no solo urge al Gobierno nacional a retomar el control territorial en Catatumbo y Bajo Cauca, sino que también solicita la intervención inmediata del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esta intervención debe realizarse en coordinación con las alcaldías y gobernaciones locales para desarrollar programas de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y garantizar una atención integral a las víctimas.

La entidad subrayó la importancia de asegurar la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de las personas afectadas por estas minas. Además, condenó enérgicamente el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados.

El llamado de la Procuraduría es claro: se requiere una acción decidida y coordinada por parte del Estado para proteger a la población y restaurar la seguridad en estas zonas afectadas. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Colombia, esperando una respuesta contundente que ponga fin al sufrimiento de tantas personas en estas regiones.