La CIDH reclama a la OEA la liberación total de los presos políticos en Venezuela

Por Arturo Mondragón

La OEA exige la liberación de presos políticos en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado contundente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se garantice la libertad plena de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. En una sesión celebrada este miércoles, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, subrayó la necesidad de que el gobierno de Caracas permita una visita a los centros de detención con acceso irrestricto.

Ralón Orellana destacó que la privación arbitraria de la libertad por razones políticas es una de las manifestaciones más graves del deterioro del Estado de Derecho en el país. “Esto no es un hecho aislado, sino una política de Estado, sostenida y deliberada”, afirmó en un comunicado que fue leído por la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum.

El comisionado exigió que cesen de inmediato todas las detenciones arbitrarias y que se proporcione acceso a información pública sobre las personas detenidas. “Es fundamental contar con listas oficiales que incluyan nombres y estado procesal de los detenidos”, agregó, enfatizando la necesidad de reformas estructurales que aseguren la no repetición de estos abusos y el restablecimiento de la democracia.

Ralón Orellana también hizo hincapié en la urgencia de una visita “in loco” a Venezuela, señalando que la disposición de la CIDH está clara, pero la pregunta es si el Estado venezolano está dispuesto a colaborar. “No hay Derechos Humanos plenos sin democracia”, reiteró, enfatizando que la situación actual en Venezuela es insostenible.

La situación de los derechos humanos en Venezuela

El presidente de la CIDH informó que, hasta abril de 2026, se estima que 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres y un adolescente. Aunque esta cifra es menor a las 2.062 detenciones documentadas en la segunda mitad de 2024, la situación sigue siendo alarmante. Ralón Orellana advirtió sobre la persistencia de la desaparición forzada, la tortura y la negación de atención médica, vinculando estas prácticas a las al menos 18 muertes bajo custodia del Estado.

La CIDH también tomó nota de la ley de Amnistía que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio por finalizada a finales de abril. Según Rodríguez, más de 8.600 personas habrían obtenido “libertad plena”. Sin embargo, la sociedad civil reporta que solo 186 han recuperado su libertad, mientras que 554 permanecen bajo medidas cautelares que limitan su capacidad de movimiento y expresión.

Ralón Orellana enfatizó que “eso no es libertad: es libertad vigilada”. La CIDH se comprometió a no normalizar situaciones que no deberían ser aceptadas y a seguir denunciando la represión como una política de Estado que debe ser confrontada.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de una visita de la CIDH a las prisiones venezolanas, argumentando que esto podría proporcionar la transparencia y rendición de cuentas que la situación exige. Ramdin subrayó que cada persona detenida por razones políticas representa un obstáculo para la estabilidad democrática en la región.

El llamado a las autoridades venezolanas fue claro: deben agilizar la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos. Ramdin también destacó que la OEA está dispuesta a apoyar a Venezuela en su camino hacia la democracia y la estabilidad política.

En medio de este contexto, la opositora venezolana María Corina Machado agradeció la postura de la OEA, afirmando que “el desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”. Reclamó la liberación de más de 500 presos políticos, tanto civiles como militares, que permanecen en las cárceles del régimen.

La CIDH, en un movimiento paralelo, ha otorgado medidas cautelares a tres hermanos italo-venezolanos, Carmelo, Daniel y Levin De Grazia, cuyos derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo. Carmelo y Daniel han estado detenidos desde abril de 2024, mientras que Levin se encuentra bajo arresto domiciliario y enfrenta hostigamiento por parte de funcionarios estatales.

La Comisión ha solicitado al gobierno venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los tres hermanos y evitar que sean objeto de amenazas o actos de violencia. La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y la comunidad internacional observa con atención los desarrollos en torno a los derechos humanos y la represión política en el país.

La CIDH ha documentado más de 300 testimonios de víctimas y ha celebrado cerca de 30 audiencias sobre detenciones políticas en Venezuela. La evidencia de violaciones a los derechos humanos es abrumadora.