Por Arturo Mondragón

El castigo por pedir ayuda en la Guardia Republicana: desarmados y sin un peso

Parece una joda de mal gusto, pero es la realidad que enfrentan hoy quienes visten el uniforme. En la Guardia Republicana, buscar contención por el agotamiento psicológico que genera el servicio no es el inicio de una recuperación, sino el comienzo de un calvario administrativo. La Unión de Policías de la fuerza de élite puso el grito en el cielo tras confirmar que el sistema, en lugar de abrazar al efectivo quebrado, lo castiga quitándole el arma, el chaleco y, lo más doloroso, parte de su salario. Es una política de “descarte” que deja a los funcionarios a la deriva justo cuando más necesitan el respaldo del Estado.

La Orden de Servicio 02/26 y la trampa en la Guardia Republicana

Todo este entramado de desidia tiene nombre y apellido: la Orden de Servicio 02/26, firmada a principios de este año. Bajo este papelito administrativo, cualquier oficial que acuda a medicina general por un pico de estrés y reciba apenas unos días de licencia, es automáticamente despojado de sus herramientas de defensa. Pero la cosa no queda ahí; el traslado preventivo a unidades penitenciarias se ha vuelto la norma, mandando a gente sin arma ni protección balística a lugares donde los tiroteos están a la orden del día. Es, literalmente, mandarlos al muere sin defensa alguna.

La cúpula del organismo parece ignorar que la prevención sin un seguimiento real no es prevención, es abandono. Según la denuncia sindical, después de que el efectivo es “marcado” y trasladado, el silencio de los psicólogos y los jerarcas es total. No hay llamadas, no hay terapia, no hay acompañamiento. Solo queda el trabajador, solo con su angustia y con la incertidumbre de saber si algún día recuperará su lugar de origen o si quedará condenado al ostracismo en una base penitenciaria por el pecado de ser humano.

El golpe al bolsillo: el fin del PADO en la Guardia Republicana

Lo que termina de cerrar este círculo de perversión es la afectación económica. Al ser desplazados de su unidad original, los policías dejan de percibir el P.A.D.O. (Programa de Alta Dedicación Operativa), una compensación salarial que para muchos es el aire que necesitan para llegar a fin de mes en un Uruguay cada vez más caro. “Por pedir ayuda, perdió ingresos”, sentenciaron desde la Unión de Policías, resumiendo una lógica perversa: si te sentís mal, callate, porque si hablás, tus hijos no comen.

Este esquema genera un miedo paralizante. ¿Quién se va a animar a decir que no puede más si sabe que el premio es el hambre y el traslado a una zona roja sin chaleco? La desconexión entre las decisiones que se toman en los escritorios del Prado y la realidad de los que patean la calle es absoluta. Se llenan la boca con campañas de prevención del suicidio policial, pero en la práctica aplican medidas que empujan al funcionario al abismo de la desesperación financiera y profesional.

¿Quién cuida a los que nos cuidan en la Guardia Republicana?

La pregunta queda flotando y la respuesta da escalofríos. Mientras los jerarcas se escudan en reglamentos fríos, el sindicato advierte que la seguridad de los propios efectivos está en juego. Trabajar en una cárcel sin equipo de protección después de haber sido baleada la fachada de un recinto carcelario es una negligencia criminal. No es solo un tema de guita; es un tema de respeto básico por la vida de quienes juraron defender la nuestra.

En definitiva, la situación en la Guardia Republicana refleja un modelo de gestión que prioriza el orden administrativo por encima de la salud mental de su tropa. Si no se deroga esta orden nefasta y no se implementa una contención real que no castigue el salario, seguiremos asistiendo al desmoronamiento de la moral de una fuerza que ya no aguanta más. Vanessa Sánchez no es la única que sufre el destrato en el Estado; hoy, el uniforme también sangra por la indiferencia de un sistema que te usa mientras servís y te patea cuando te cansás.