La salud pública uruguaya se enfrenta a uno de los capítulos más sombríos de su historia institucional. En una decisión sin precedentes por su contundencia y unanimidad, el actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha decidido romper el silencio y trasladar a la órbita penal la gestión del expresidente Leonardo Cipriani. Lo que comenzó como rumores de pasillo y observaciones del Tribunal de Cuentas ha cristalizado en una investigación administrativa que describe un escenario de descontrol, favoritismos y un manejo temerario de los dineros que deberían cuidar la vida de los uruguayos. La denuncia no solo alcanza al exjerarca, sino a todo su equipo de confianza, exponiendo una estructura que, según los informes jurídicos, pudo haber incurrido en delitos de abuso de funciones y desviación de fondos públicos.
El esquema de las irregularidades de Leonardo Cipriani
El eje central de este terremoto judicial radica en la relación con la empresa de traslados ITHG y la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024. La investigación revela que el directorio encabezado por Cipriani otorgó casi el 97% del gasto total de traslados a esta empresa privada, esquivando cualquier tipo de licitación pública o procedimiento competitivo. A pesar de las advertencias constantes del Tribunal de Cuentas, las autoridades procedieron a fraccionar los gastos de forma ilegítima para que encajaran en compras directas. Esta «pasividad» ante las alarmas legales es calificada por los investigadores como una falta grave, sugiriendo una intención deliberada de beneficiar a un proveedor específico por encima del erario público.
Pero el escándalo no termina en las ambulancias. La sombra de la sospecha se extiende a convenios firmados con el Casmu y el Círculo Católico, donde el sistema de pago se modificó de tal forma que el gasto estatal se disparó de manera exponencial. Se pasó de pagar por cama ocupada a una «tarifa plana» mensual que le garantizaba ingresos a las mutualistas sin importar el uso real, llegando incluso a eliminarse los controles médicos en CTI pediátricos bajo el argumento de que eran «innecesarios» dado el formato de pago. Este desamparo médico y financiero coloca a la administración en una situación de vulnerabilidad extrema y pone en duda la ética de quienes priorizaron los números de las empresas privadas sobre la auditoría rigurosa de la salud pública.
Sumarios y responsabilidades en el SAME 105
El brazo ejecutor de estas políticas, según ASSE, incluyó a figuras de alto rango como el exgerente financiero Juan Behrend y el exdirector del SAME 105, José Antonio Rodríguez. Ambos enfrentan ahora sumarios administrativos por haberse arrogado facultades que solo pertenecían al directorio, estableciendo pautas que favorecían a ITHG y debilitaban las áreas de control interno. El debilitamiento de los sistemas de auditoría médica en las historias clínicas permitió que se facturaran servicios especializados que nunca se realizaron o traslados que figuraban como cancelados en el sistema, pero que igualmente fueron abonados con el dinero de todos los contribuyentes.
El caso de Treinta y Tres y la falta de especialistas
La investigación también puso la lupa sobre el Hospital de Treinta y Tres, donde se detectó un convenio con el Casmu cargado de irregularidades operativas. Se constató que la mutualista no contaba con los especialistas necesarios en el departamento y que, en repetidas ocasiones, quienes atendían a los pacientes no eran los profesionales que figuraban en las planillas oficiales. Esta «suplantación» de especialistas no solo representa una estafa económica para el Estado, sino que expone a ASSE a demandas millonarias por responsabilidad médica, ya que el control sobre quién operaba o trataba a los usuarios era prácticamente nulo.
Un sistema de salud desangrado por la gestión
El informe de Jurídica que dio pie a la denuncia penal es lapidario: la magnitud económica de los montos involucrados y la reiteración sistemática de conductas irregulares obligan a que la justicia competente intervenga. Para muchos funcionarios de carrera, ver cómo se dilapidaron recursos en tarifas planas y traslados fantasma mientras faltan insumos básicos en las policlínicas de barrio es una bofetada a la vocación de servicio. La gestión de Cipriani, que se presentaba como eficiente y de cercanía, queda ahora bajo el escrutinio de los fiscales, quienes deberán determinar si estas «desviaciones» fueron errores administrativos o una maniobra calculada para beneficiar a actores privados a costa de la salud del pueblo.
La llegada de este caso a la justicia penal marca el fin de una era de justificaciones genéricas. Los uruguayos merecen saber por qué se autorizaron pagos a proveedores basados exclusivamente en la información que el propio proveedor aportaba, sin verificación alguna. El Leonardo Cipriani que alguna vez pidió cuidarse durante la pandemia, hoy debe dar respuestas sobre por qué no cuidó los fondos de la institución más importante del país. La salud no es un negocio, y cuando los recursos públicos se manejan con la ligereza que describe esta investigación, es la gente más humilde la que termina pagando el precio con una atención degradada y un sistema de emergencia que parece haber servido más a las empresas de traslado que a los pacientes.
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