El Senado de Bolivia elimina restricciones al uso del Ejército en medio de protestas y bloqueos masivos

Por Ronnie Fernández

La Cámara de Senadores deroga la Ley de Estado de Excepción en Bolivia

En una sesión celebrada en Sucre, la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un proyecto de ley que deroga la Ley de Estado de Excepción, vigente desde 2020. Esta norma regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo, incluyendo la intervención del Ejército en situaciones de crisis.

La ley derogada establecía mecanismos de control y requisitos para declarar un estado de excepción, como la supervisión legislativa y límites temporales a las acciones del Gobierno. La propuesta ya ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación. Si es validada, permitirá al Gobierno actuar con mayor libertad en situaciones de conflictividad social, como la que se vive actualmente en La Paz, donde las protestas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La derogación fue respaldada por una mayoría en el Senado. Los senadores que apoyaron la medida argumentan que buscan evitar posibles abusos en la aplicación de medidas excepcionales y preservar las garantías constitucionales en medio del conflicto. Sin embargo, la situación en el país es tensa, y sectores cívicos, como el Comité pro Santa Cruz, han instado al presidente Paz a declarar un “estado de excepción sectorizado” para garantizar la libre circulación y enfrentar los bloqueos que afectan a la capital.

Desde los sindicatos y organizaciones sociales que convocan las protestas, se advierte que la implementación de esta figura constitucional podría intensificar la confrontación y generar nuevos episodios de violencia. La polarización entre los diferentes sectores de la sociedad boliviana se hace cada vez más evidente, y el clima de incertidumbre se siente en las calles.

Demandas de diálogo y cese de la violencia

En medio de este panorama, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias han emitido un comunicado conjunto. En él, exigen el cese inmediato de la violencia tras los enfrentamientos ocurridos el sábado en la carretera entre La Paz y Oruro, así como en varios sectores de El Alto. Estos incidentes se produjeron cuando el Gobierno intentó desbloquear las carreteras con un convoy de policías y militares, sin lograr su objetivo.

Las organizaciones firmantes del comunicado piden un “esclarecimiento urgente, independiente y transparente” de los hechos, especialmente en relación con las personas heridas, un fallecido y las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. En el documento, lamentan que hasta el momento no se haya concretado un diálogo efectivo entre las partes involucradas.

La necesidad de restablecer condiciones de comunicación entre los distintos actores se presenta como una urgencia. Las organizaciones instan a evitar medidas que profundicen la confrontación y pongan en riesgo la vida de la población. Además, expresan su disposición a seguir realizando acercamientos tanto con los sectores movilizados como con las autoridades del Gobierno, con el objetivo de contribuir a la reducción de la violencia y al restablecimiento de canales de entendimiento.

“La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”, concluye el comunicado. La situación en Bolivia sigue siendo crítica, y las tensiones entre el Gobierno y los sectores sociales no muestran signos de disminuir. La búsqueda de un camino hacia el diálogo se vuelve cada vez más apremiante en un contexto donde la violencia y la polarización amenazan con desbordar la situación.

Las protestas en La Paz continúan, y la población espera respuestas que permitan restablecer la calma en un país marcado por la incertidumbre.