El presidente de Bolivia impulsa reforma en su Ejecutivo tras semanas de protestas y huelgas sociales

Por Arturo Mondragón

El Gobierno de Bolivia enfrenta protestas y reordenamiento interno

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una reestructuración de su gabinete con el objetivo de hacerlo más ágil y cercano a la ciudadanía. Esta decisión llega en medio de un clima de tensiones y protestas que han sacudido La Paz y otras regiones del país en las últimas semanas, en respuesta a la crisis económica que afecta a la población.

Durante una conferencia de prensa, Paz destacó la necesidad de un gabinete que escuche a los ciudadanos. “El presidente no puede estar en todas partes, no podrá resolver todos los problemas”, afirmó. En este contexto, el mandatario también presentó la creación de un “consejo económico y social”, que se reunirá mensualmente para informar sobre las acciones del Gobierno y garantizar la transparencia en la gestión pública.

El presidente, quien asumió el cargo en noviembre de 2025, defendió su gestión y subrayó la importancia de la reconciliación y el diálogo para abordar los problemas del país. Sin embargo, dejó en claro que no se reunirá con quienes considera “vándalos”. “No voy a dialogar con vándalos. No confundamos sectores con algunas individualidades que buscan interrumpir la democracia”, enfatizó.

Las protestas, que ya llevan tres semanas, han sido impulsadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, así como por mineros, profesores, activistas y grupos indígenas. Hasta el momento, se han reportado al menos cuatro muertes en el marco de estos disturbios, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad.

Las autoridades bolivianas informaron que hasta ahora se han detenido a 104 personas, aunque la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que el número real podría ser de 95. Esta ONG ha indicado que aún espera acceder a informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer los detalles de cada detención.

Respaldo internacional y acusaciones de narcotráfico

En medio de esta crisis interna, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el apoyo de la Administración Trump al Gobierno de Paz. En un mensaje en redes sociales, Rubio afirmó que las protestas están siendo dirigidas por “criminales y narcotraficantes”. “Que quede claro: Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, sostuvo.

Este respaldo internacional se suma a la presión que enfrenta el Gobierno boliviano, que busca estabilizar la situación y responder a las demandas de la población. La crisis económica, que ha llevado a un aumento en el costo de vida y a la falta de empleo, ha sido un factor clave en el descontento social.

Las manifestaciones han sido marcadas por la participación activa de diversos sectores de la sociedad, que han expresado su frustración ante la falta de políticas efectivas para mitigar la crisis. La Central Obrera Boliviana, uno de los principales actores en las protestas, ha exigido respuestas concretas del Gobierno y ha convocado a nuevas movilizaciones.

A medida que la situación se desarrolla, el Gobierno de Paz se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre la respuesta a las demandas sociales y la necesidad de mantener el orden público. La creación del consejo económico y social podría ser un intento de abrir canales de comunicación con la ciudadanía, aunque la efectividad de esta medida aún está por verse.

En este contexto, la tensión entre el Gobierno y los sectores en protesta continúa en aumento, mientras que el respaldo internacional podría influir en la dinámica de la crisis. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de Bolivia y la capacidad del Ejecutivo para enfrentar los desafíos que se presentan.

La situación en el país se mantiene en un estado de alerta, con la población atenta a las decisiones que tome el Gobierno y a las posibles repercusiones de las protestas en el ámbito social y político.