El gobernador sinaloense Rocha Moya enfrenta acusaciones graves en Estados Unidos

Por Roy Rodriquez

Un golpe inesperado desde el norte

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalándolo de estar implicado en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas. Estas acusaciones surgen a raíz de supuestos vínculos del mandatario con el notorio Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Rocha Moya, quien fue electo como gobernador en junio de 2021, ha estado en el ojo del huracán desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos. “El Mayo”, antiguo líder del cártel, aseguró en una carta dirigida al Gobierno de México que su captura fue orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, durante una reunión en la que también se esperaba la presencia de Rocha Moya.

Respaldo político y la sombra del crimen

Las declaraciones de Zambada encendieron las alarmas y atrajeron la atención pública sobre Rocha Moya. Sin embargo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a gobernadores del partido Morena y otros funcionarios, salieron en defensa del gobernador. Rocha Moya insistió en que estaba de viaje en Estados Unidos cuando se planeó dicho encuentro criminal, al que sí asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado el mismo día. La versión oficial inicial sobre su muerte, que sugería un robo en una gasolinera, fue desmentida posteriormente por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acusaciones que ponen en jaque a un mandatario

La solicitud de detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición, así como de otros nueve funcionarios sinaloenses, representa un hito en la historia legal del país. Es la primera ocasión en que un gobernador en funciones enfrenta tales cargos. A pesar de las graves acusaciones, la FGR ha declarado que se trata de un proceso preventivo y no un procedimiento judicial de extradición.

Para que la extradición de Rocha Moya se concrete, las autoridades estadounidenses deben presentar una solicitud formal en un plazo de 60 días, respaldada por pruebas contundentes. Esto abriría la puerta a una revisión judicial que determinará la viabilidad de la extradición.

El procedimiento legal y sus implicaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la FGR han declarado que, hasta el momento, no se han presentado pruebas sólidas que vinculen a Rocha Moya y los otros funcionarios con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la solicitud de detención provisional ya está prevista en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó que la solicitud de extradición debe contener un expediente completo y detallado, incluyendo los delitos específicos imputados y la evidencia que sustente la existencia de causa probable.

Este caso no solo pone a prueba las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, sino que también representa un desafío significativo para el sistema judicial mexicano, que deberá equilibrar la presión internacional con el respeto a los procesos legales internos.