El fisco de EEUU no podrá examinar nunca más las declaraciones de impuestos de Trump

Por Camila Torres

Prohibición de auditorías fiscales a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido una orden que prohíbe de manera permanente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) examinar las declaraciones de impuestos anteriores del presidente Donald Trump. Esta decisión se enmarca en un acuerdo más amplio que se anunció recientemente, en el que Trump retira una demanda contra el fisco por la filtración de sus declaraciones fiscales.

La orden fue firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, y establece que el IRS no podrá presentar demandas contra Trump, su familia o sus empresas. Según el memorando, la agencia queda “permanentemente inhabilitada e impedida” de tomar acciones legales contra el magnate republicano, tanto por cuestiones ya conocidas como por aquellas que podrían surgir en el futuro.

Un portavoz del Departamento de Justicia aclaró que esta prohibición se refiere únicamente a las auditorías existentes, y no a posibles revisiones futuras. La justificación para esta ampliación del acuerdo de sobreseimiento se basa en la práctica habitual de renunciar a reclamaciones en acuerdos extrajudiciales. “No tendría mucho sentido llegar a un acuerdo sobre varias reclamaciones importantes si cualquiera de las partes pudiera simplemente dar marcha atrás e intentar presentar nuevas reclamaciones adversas”, explicó el portavoz.

El acuerdo se produce tras la demanda que Trump interpuso a finales de enero, en la que reclamaba 10.000 millones de dólares por la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación. Esta información había sido divulgada por un excontratista del IRS, actualmente encarcelado.

Compensaciones a víctimas de la Justicia

Como parte del acuerdo, las autoridades estadounidenses han decidido crear un fondo de 1,7 billones de dólares para compensar a quienes hayan sido víctimas de la “instrumentalización” de la Justicia en administraciones anteriores. Este fondo contará con una comisión de cinco miembros, designados por el fiscal general, que se encargarán de emitir disculpas y otorgar compensaciones monetarias a quienes lo soliciten.

Los reclamos podrán presentarse hasta el 15 de diciembre de 2028, justo antes de la toma de posesión del próximo presidente o presidenta del país. Una vez que se cierre el proceso de solicitudes, cualquier monto restante será reembolsado al Gobierno federal.

La decisión ha generado un runrún en los círculos políticos y sociales, donde se discute el impacto que tendrá en la percepción pública de la administración actual y en la figura de Trump. La medida también plantea interrogantes sobre el futuro de las auditorías fiscales en el país y su relación con la política.

El Departamento de Justicia ha enfatizado que este acuerdo busca cerrar un capítulo complicado en la relación entre Trump y el fisco, aunque las implicaciones de esta decisión aún están por verse. La situación ha captado la atención de los de a pie, quienes siguen de cerca los acontecimientos en torno a la figura del presidente y su entorno.

La creación del fondo de compensación ha sido recibida con interés, ya que podría ofrecer alivio a aquellos que se sientan perjudicados por decisiones judiciales en el pasado. Sin embargo, la implementación y efectividad de este mecanismo dependerán de la gestión de la comisión designada y de la respuesta de los ciudadanos.

La medida se inscribe en un contexto político tenso, donde las relaciones entre el gobierno y la oposición siguen marcadas por la desconfianza. La administración Biden enfrenta desafíos significativos en su intento de establecer un clima de justicia y equidad, mientras que el legado de Trump continúa generando divisiones.

El acuerdo y la prohibición de auditorías fiscales a Trump son parte de un entramado más amplio que refleja las complejidades del sistema político estadounidense. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos meses y qué repercusiones tendrán en el panorama electoral.

El Departamento de Justicia ha dejado claro que esta decisión no es un cheque en blanco para Trump, sino un intento de cerrar un capítulo conflictivo. La situación sigue siendo objeto de análisis y debate, tanto en los medios como en las conversaciones cotidianas de los ciudadanos.

La prohibición de auditorías fiscales a Trump y la creación del fondo de compensación marcan un hito en la relación entre el poder político y la justicia en Estados Unidos. La historia continúa desarrollándose, y los efectos de estas decisiones se irán viendo con el tiempo.

La orden firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, establece que el IRS queda “permanentemente inhabilitado e impedido” de presentar demandas contra Trump.