Por Brandon Cardozo

Eduardo Ferro en Domingo Arena: una ofensiva epistolar contra la cúpula de la Justicia

La tranquilidad estival de la Torre de los Homenajes se vio sacudida por una misiva que llegó desde una de las celdas más custodiadas del país. El coronel retirado Eduardo Ferro en Domingo Arena, donde purga una condena de 21 años, elevó el tono de su confrontación con el sistema judicial mediante una carta dirigida a John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En el documento, Ferro no solo cuestiona la validez jurídica de su encierro, sino que acusa al máximo magistrado de la nación de actuar movido por un “sentimiento íntimo de venganza” y de carecer del liderazgo necesario para enfrentar lo que él denomina el “relato impuesto” sobre el pasado reciente.

Esta es la segunda vez en pocos meses que el nombre de Eduardo Ferro resuena en los despachos de la SCJ. El militar, extraditado desde España en 2021 y sentenciado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977, sostiene que su procesamiento es una “farsa adornada de togas”. Según su visión, los jueces actuales aplican un formalismo vacío de contenido jurídico para evitar responder a las deficiencias técnicas de las causas que involucran a militares de la dictadura, tildando a los magistrados de ser “cómplices de infames actores políticos”.

El cuestionamiento jurídico desde la celda de Eduardo Ferro en Domingo Arena

El eje central de la defensa del exmilitar extradictado radica en el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal. Ferro argumenta que en 1977 la figura de “delitos de lesa humanidad” no existía en el ordenamiento jurídico uruguayo, habiendo sido incorporada recién en 2006 con la adopción del Estatuto de Roma. Para el coronel, ser condenado por una figura delictiva inexistente al momento de los hechos es una aberración jurídica que, según sus palabras, haría que el propio presidente de la Corte “reprobase un examen” de derecho básico.

Sin embargo, la posición del magistrado Pérez es diametralmente opuesta. El presidente de la SCJ sostiene que, si bien el principio de irretroactividad es la regla general, los crímenes que ya eran reconocidos por los principios generales del derecho internacional al momento de su comisión constituyen una excepción válida. Esta tensión doctrinaria es la que mantiene a Ferro y a otros oficiales retirados bajo un régimen de reclusión que ellos consideran político, citando incluso a expresidentes de la República que han puesto en duda la fiabilidad de estos procesos judiciales “de turno.

Los “enemigos” que identifica Eduardo Ferro en Domingo Arena

Más allá de los tecnicismos legales, la misiva del uniformado uruguayo se adentra en un terreno ideológico y político de confrontación directa. El militar reivindica su accionar dentro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y niega que la derrota de los grupos armados se haya consumado en 1972, como sostiene la historiografía tradicional. Ferro afirma que continuó combatiendo a grupos con capacidad logística e inteligencia apoyados desde el exterior hasta bien entrada la década de los ochenta, calificando a las organizaciones actuales de derechos humanos como “enemigos permanentes”.

En su lista negra, el prisionero, Miembro de la defensa nacional menciona explícitamente al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Observatorio Luz Ibarburu. A estas organizaciones, y a otras ONG con “financiamientos dudosos”, les atribuye la manipulación de un “poder paralelo” que incide en la enseñanza, la cultura y, fundamentalmente, en la judicatura. Ferro llega incluso a vincular estos movimientos con grupos de apoyo al terrorismo palestino, en un intento por deslegitimar el reclamo histórico de verdad y justicia.

La reclusión de Eduardo Ferro en Domingo Arena y el Plan Cóndor

La situación procesal del coronel se complicó aún más en 2024, cuando fue imputado por su presunta responsabilidad en el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti en 1978. Este caso, emblemático dentro de las investigaciones sobre el Plan Cóndor, refuerza la imagen de Eduardo Ferro en Domingo Arena como uno de los eslabones clave del aparato represivo coordinado entre las dictaduras del Cono Sur. Ferro, quien en 2017 intentó eludir la justicia fugándose a España, parece ahora haber cambiado su estrategia de silencio por una de ataque frontal a las instituciones.

La carta cierra con una advertencia sobre el factor “psicosocial” y la supuesta infiltración de intereses extranjeros en la política nacional. Para los observadores del sistema político, este descargo de Eduardo Ferro en Domingo Arena es un reflejo del malestar que persiste en un sector de la oficialidad retirada, que ve en la llegada de Yamandú Orsi a la presidencia una oportunidad para reabrir el debate sobre las condiciones de salud y detención de los militares procesados. La pregunta que queda flotando es si estos reclamos encontrarán eco en un sistema judicial que, hasta ahora, ha mantenido su independencia pese a las presiones.

¿Es este ataque a la Suprema Corte una señal de desesperación o el inicio de una nueva estrategia política de los sectores que aún reivindican el terrorismo de Estado?