Dudas sobre la ejecución: Ceres alerta que el plan de seguridad de Orsi carece de fondos y apoyo político
El debate sobre la seguridad pública Uruguay sumó un nuevo capítulo este viernes tras las declaraciones de Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, quien puso en duda la capacidad operativa del gobierno para aplicar sus recientes propuestas.
Durante un foro internacional realizado en Montevideo, el economista analizó el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por la administración de Yamandú Orsi. Si bien Munyo destacó el rigor técnico del documento, fue categórico al afirmar que la falta de voluntad política para asignar partidas presupuestarias suficientes y la escasez de recursos humanos especializados condenan al programa al estancamiento.
El desfasaje entre la teoría técnica y la realidad financiera
Para el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), el diagnóstico del gobierno es correcto, pero la ejecución es financieramente inviable bajo las condiciones actuales. Munyo explicó que su equipo técnico revisó minuciosamente la propuesta oficial y concluyó que, aunque se basa en evidencia científica y cuenta con el aval de organismos multilaterales, no existe un correlato entre las metas planteadas y el dinero disponible.
El director de Ceres ilustró esta brecha citando la situación del Poder Judicial. Según su análisis, el sistema de justicia uruguayo recibe apenas una mínima fracción de lo que requiere para enfrentar el aumento de la criminalidad. Esta desinversión, en un contexto de gasto público creciente en áreas no esenciales, debilita cualquier estrategia que pretenda reducir los índices de violencia en el país.
El fracaso de la rehabilitación estatal y el rol privado
Uno de los puntos más críticos señalados en el evento fue la crisis del sistema penitenciario. Munyo describió la situación actual como un flujo constante de personas que recuperan la libertad sin haber pasado por un proceso real de reforma. Con un promedio de treinta liberaciones diarias, la ausencia de programas efectivos de reinserción se traduce en un problema crónico de convivencia social.
Ante este panorama, la propuesta de Ceres es disruptiva: el Estado debe admitir su incapacidad para gestionar la rehabilitación y permitir que el sector privado y las organizaciones civiles tomen el liderazgo. El argumento central es que el sector público ha fallado sistemáticamente en esta tarea, por lo que debería limitarse a financiar y supervisar, dejando la ejecución en manos de asociaciones con mayor capacidad de gestión humana.
Perspectiva regional: los aportes de Patricia Bullrich
El foro también contó con la participación de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien aportó una mirada comparativa sobre el combate al crimen organizado. Bullrich instó a las autoridades locales a no resignarse ante el aumento de la violencia y a aplicar medidas de control territorial más estrictas, similares a las implementadas en la ciudad de Rosario.
La exministra de seguridad enfatizó que los homicidios en Uruguay no deben ser naturalizados y que es fundamental atacar los focos geográficos donde se concentra el delito. Asimismo, junto al experto colombiano Carlos Chacón, se subrayó la importancia de actualizar constantemente la legislación y los recursos tecnológicos para enfrentar a estructuras criminales internacionales que ven en los países de la región territorios de tránsito y expansión.
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