Demócratas en EE.UU. intentan frenar el millonario fondo de compensación acordado entre Trump y el fisco

Por Ronnie Fernández

Propuesta de ley en EE.UU. busca frenar el uso de fondos públicos

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca bloquear un fondo de 1,7 billones de dólares destinado a compensar a quienes se consideran víctimas de la “instrumentalización” de la Justicia en administraciones anteriores. Este fondo fue creado como parte de un acuerdo de sobreseimiento en una demanda presentada por el expresidente Donald Trump contra el fisco, tras la filtración de su declaración de impuestos.

El representante Jamie Raskin, quien lidera la iniciativa, ha calificado el fondo de “ilícito e inaudito”. La propuesta, conocida como Ley de 2026 para Prohibir los Fondos Ocultos Financiados con Fondos Públicos, tiene como objetivo prohibir el uso de fondos federales para financiar este fondo, que se estableció en virtud del acuerdo extrajudicial entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Restricciones a los fondos públicos

Desde el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Raskin ha señalado que la ley impone restricciones severas para evitar que los fondos públicos se destinen a quienes participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, así como a funcionarios del Gobierno y familiares del presidente o vicepresidente. Según Raskin, Trump intenta apropiarse de casi 1.800 millones de dólares de los contribuyentes para financiar un fondo que beneficiaría a los agresores de policías y a seguidores del movimiento MAGA.

El proyecto de ley también modifica la ley federal del Fondo de Sentencias Judiciales, prohibiendo pagos relacionados con reclamaciones derivadas de investigaciones sobre el ataque al Capitolio, la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, y casos ya desestimados. Además, se prohíben los pagos de acuerdos extrajudiciales al presidente, al vicepresidente y a sus familiares directos, a pesar de que el fiscal general interino, Todd Blanche, aclaró que no se otorgarían compensaciones monetarias.

El texto exige que el Departamento del Tesoro informe a los Comités Judiciales del Congreso sobre todos los pagos de acuerdos extrajudiciales que superen los 100.000 dólares. Para aquellos que superen los 250.000 dólares, el Tesoro debe notificar al Congreso con antelación y retrasar el desembolso de los fondos durante 120 días.

Además, la propuesta prohíbe la creación de futuros fondos discrecionales presidenciales y otorga al fiscal general la facultad de iniciar acciones civiles para recuperar fondos malversados y solicitar medidas cautelares contra pagos ilegales.

El fondo que ha motivado esta propuesta fue anunciado en el marco del acuerdo de sobreseimiento de la demanda de Trump contra el fisco, en la que solicitaba 10.000 millones de dólares tras la filtración de su declaración de impuestos por parte de un excontratista del IRS, actualmente encarcelado. El objetivo del fondo es establecer un proceso para atender y resolver las reclamaciones de quienes hayan sufrido instrumentalización y guerra jurídica.

Sin embargo, la creación de este fondo ha generado críticas. Dos expolicías que defendieron el Capitolio durante el asalto han demandado a la Administración Trump, argumentando que el uso de dinero federal para este fin viola la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe el uso de fondos públicos para apoyar insurrecciones o rebeliones contra Estados Unidos.