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Demanda de destitución del ministro Penitenciario en Venezuela tras muerte de quince reclusos

El Observatorio Venezolano de Prisiones exige la destitución del ministro Julio García Zerpa tras la muerte de quince reclusos en cárceles venezolanas entre abril y mayo.

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Demanda de destitución del ministro Penitenciario en Venezuela tras muerte de quince reclusos
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Autor: Brandon Cardozo Por Brandon Cardozo

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha exigido la destitución inmediata del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, luego de que se registrara la muerte de al menos quince reclusos en las cárceles del país en el transcurso de menos de un mes. La situación ha generado una crisis en el sistema penitenciario venezolano, que se ve agravada por problemas endémicos como el hacinamiento, el retardo procesal, los traslados arbitrarios, las enfermedades y la falta de garantías para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

Denuncias y antecedentes de la crisis penitenciaria

El OVP ha utilizado sus redes sociales para difundir la grave situación de los centros de detención en Venezuela. La organización señala que los escándalos en el despacho de García Zerpa se han acumulado, mencionando episodios como un supuesto motín ocurrido el 21 de abril en la cárcel de Yare III, donde murieron cinco personas. Este establecimiento es descrito por el ministerio como uno de máxima seguridad, destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales. Sin embargo, Eduardo Torres, abogado y defensor de Derechos Humanos, ha rebatido la versión oficial del ministerio.

Torres, quien fue preso político y estuvo recluido en Yare III y II, asegura que las condiciones de detención en esos complejos son extremadamente restrictivas y que las requisas son permanentes, lo que hace improbable la existencia de armas blancas entre los reclusos. Además, ha denunciado la aplicación de torturas dentro de estas instalaciones.

Casos recientes de fallecimientos en cárceles

El deterioro en las condiciones de los reclusos se hizo aún más evidente el 7 de mayo, cuando el Ministerio de Servicio Penitenciario anunció con un retraso de diez meses la muerte del preso político Víctor Quero Navas, ocurrida el 24 de julio de 2025. Según el organismo, Quero Navas no había proporcionado datos sobre vínculos familiares y ningún familiar se había presentado a solicitar una visita formal. Sin embargo, se supo públicamente que su madre, Carmen Navas, de 81 años, había acudido a diversas instituciones en busca de información sobre su hijo.

El 12 de mayo, el OVP reportó la muerte por tuberculosis de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años, en una cárcel del estado Lara. Según el Observatorio, el Estado venezolano ha fallado sistemáticamente en su obligación de proporcionar tratamientos médicos adecuados y oportunos a los privados de libertad. En la práctica, la responsabilidad de la atención médica ha sido transferida irregularmente a los familiares de los detenidos, quienes deben costear y gestionar los medicamentos necesarios.

Reacciones y demandas de organizaciones defensoras de derechos humanos

Las familias de los presos políticos han comenzado a organizar concentraciones frente a las cárceles, exigiendo la liberación de sus seres queridos y una mejora en las condiciones de detención. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que la falta de medidas necesarias por parte del ministerio, como protocolos de aislamiento o jornadas de saneamiento, ha convertido a los recintos penitenciarios en espacios que vulneran la dignidad humana. La falta de condiciones mínimas de higiene agrava aún más la situación de salud de los internos.

El ministro García Zerpa ha sido señalado por no adoptar las medidas necesarias para prevenir la crisis actual. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la urgencia de reformar el sistema penitenciario, garantizar la seguridad y la salud de los reclusos, y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La situación continúa siendo crítica, y la presión sobre el gobierno venezolano para tomar acciones decisivas en el ámbito penitenciario sigue en aumento.


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