Decreto de conmoción externa en Venezuela otorga poderes especiales a Nicolás Maduro

Por Camila Torres

Decreto de conmoción externa en Venezuela otorga poderes especiales a Maduro

Caracas, 29 de setiembre (EFE).- El decreto de conmoción externa en Venezuela fue anunciado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien explicó que Nicolás Maduro lo suscribió recientemente, sin precisar la fecha exacta. La medida se presenta como una respuesta a lo que el Gobierno califica de “peligrosas amenazas” de Estados Unidos, que mantiene despliegues militares en aguas cercanas al país caribeño.

El mandatario había adelantado la propuesta el 23 de setiembre durante su programa semanal “Con Maduro+”, donde señaló que iniciaría un proceso de consulta sobre un “estado de excepción por conmoción exterior”, con el objetivo de resguardar la paz y la estabilidad nacional en caso de agresión.

¿Qué implica el decreto de conmoción externa?

El decreto de conmoción externa en Venezuela forma parte de los cuatro estados de excepción previstos en la Constitución. Puede aplicarse en situaciones que comprometan de forma seria la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de las instituciones del Estado.

De acuerdo con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, este tipo de decreto tiene rango y fuerza de ley desde el momento en que es dictado por el presidente y debe publicarse en la Gaceta Oficial. Permite restringir temporalmente algunas garantías constitucionales, con excepción de derechos considerados intangibles, como la vida, la prohibición de tortura o incomunicación, el debido proceso, el acceso a la información y los derechos humanos básicos.

Rodríguez indicó que la medida otorgará a Maduro “facultades especiales” en materia de defensa y seguridad. Según la vicepresidenta, la finalidad es proteger la integridad territorial y los intereses estratégicos del país frente a cualquier agresión externa.

Posibles efectos del decreto

Entre las acciones contempladas se incluye la movilización inmediata de la Fuerza Armada, el control militar de la infraestructura de servicios públicos, hidrocarburos y empresas básicas, así como la implementación de planes de seguridad ciudadana. El Ejecutivo también tendría la facultad de cerrar fronteras terrestres, aéreas y marítimas, además de activar medidas económicas y sociales que considere necesarias para garantizar la vida nacional.

Aunque el decreto entra en vigor tras ser firmado por el presidente, debe presentarse en un plazo de ocho días a la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada, además de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para determinar su constitucionalidad.

En caso de aprobación, su duración inicial será de 90 días, con posibilidad de prórroga por otros 90 días más. Tanto el Ejecutivo como el Parlamento podrán revocarlo si cesan las causas que lo motivaron.

Organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Acceso a la Justicia, han solicitado la publicación inmediata del decreto, al advertir que su aplicación implica la restricción de garantías constitucionales. El organismo subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca con claridad su contenido.

Contexto de tensiones externas

Rodríguez responsabilizó a Estados Unidos, y en particular a la administración de Donald Trump, de ejercer presiones por los recursos energéticos y minerales del país. Aseguró que Venezuela enfrenta un escenario de agresiones económicas, psicológicas y políticas que justifican la adopción de medidas extraordinarias.

El decreto de conmoción externa en Venezuela, en ese marco, se plantea como un instrumento que refuerza la capacidad del Gobierno para responder a una eventual escalada de tensiones internacionales.

Expertos en derecho constitucional venezolano recuerdan que este tipo de medidas ya se han aplicado en el pasado bajo distintos gobiernos, siempre con el argumento de resguardar la soberanía frente a factores externos. Sin embargo, organizaciones locales insisten en la necesidad de transparentar el contenido del decreto de conmoción externa en Venezuela para que la población conozca con exactitud los alcances y limitaciones de esta disposición.