El sistema de salud pública uruguayo enfrenta uno de sus momentos más oscuros tras la formalización de una denuncia penal que apunta directamente al corazón de la gestión de la administración de Lacalle Pou. Lo que comenzó como una auditoría de rutina en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha derivado en un escándalo en ASSE de proporciones sistémicas, revelando una trama de desvíos, falta de controles y favoritismos empresariales que costaron millones de dólares a los contribuyentes.
El festín de las ambulancias: US$ 800.000 en servicios inexistentes
El foco principal de la denuncia se centra en el SAME-105, la unidad de emergencias móviles del Estado. Durante el periodo 2022-2024, bajo la presidencia de Leonardo Cipriani, la empresa de traslados ITHG logró concentrar casi la totalidad del gasto operativo de la unidad. Estamos hablando de una concentración del 96,47% del presupuesto, lo que se traduce en más de 2.000 millones de pesos uruguayos.
Sin embargo, el dato que indigna a la opinión pública es el pago de aproximadamente US$ 800.000 durante el último año por una única ambulancia que, según los registros, tenía una productividad nula: realizaba un promedio de un llamado cada dos días. Este móvil estaba asignado teóricamente a la cobertura de personas en situación de calle para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero la investigación administrativa confirmó que los servicios nunca fueron controlados. Bajo la mirada de la gestión de Lacalle Pou, el dinero fluía hacia el sector privado sin que nadie verificara si el servicio se prestaba efectivamente.
Contrataciones directas y facturas sin orden de compra
La investigación judicial deberá determinar por qué se permitió que una empresa privada manejara el servicio público de traslados con tal discrecionalidad. Según las declaraciones recogidas en el expediente, el empresario José Lima, actuando como «ejecutivo de cuentas» de ITHG, entregaba personalmente las facturas de forma semanal en las oficinas de ASSE. No existían órdenes de compra previas; la empresa simplemente enviaba la cuenta y el Estado pagaba.
Funcionarios de carrera declararon que nunca recibieron explicaciones de por qué se omitían los controles legales básicos. En una muestra aleatoria de apenas una semana por año, los auditores encontraron pagos por traslados que no tenían detalle del proveedor ni identificación de los móviles. Es decir, se pagaba a ciegas. Este esquema de «buena voluntad» empresarial, amparado por la cúpula política de la era Lacalle Pou, permitió que los precios pagados a ITHG fueran significativamente superiores a los de cualquier otro proveedor del mercado.
Convenios «a medida» con el sector privado
El escándalo en ASSE no termina en las ambulancias. La denuncia penal también abarca los convenios firmados con el Casmu y el Círculo Católico para la provisión de camas de CTI y cuidados moderados. Bajo la administración anterior, se decidió cambiar unilateralmente la forma de pago: en lugar de pagar por «cama ocupada», se pasó a una «tarifa plana» mensual.
Este cambio, lejos de ser una mejora administrativa, fue la llave para eliminar el control médico sobre las facturaciones. Anteriormente, cada factura debía venir acompañada de la historia clínica del paciente, analizada por intensivistas del Estado. Con la nueva modalidad impuesta en la gestión de Cipriani, las mutualistas simplemente enviaban la factura fija y ASSE pagaba sin preguntar.
Cuando los auditores interrogaron a los responsables sobre por qué no se realizaron las adendas legales correspondientes ni se enviaron los cambios al Tribunal de Cuentas o al Ministerio de Salud Pública, la respuesta fue cínica: se consideraba que cumplir con esos pasos era «perder el tiempo. Esta filosofía de gestión, que desprecia los mecanismos de control republicanos, es la que hoy tiene a la cúpula de ASSE de la administración de Lacalle Pou frente a la justicia.
Desgobierno en el interior y guardias «vendidas»
El informe también pone la lupa en el Hospital de Treinta y Tres. Allí se descubrió un sistema de «venta» de guardias donde especialistas que figuraban en las planillas oficiales nunca asistían a trabajar, siendo reemplazados por personal tercerizado. Lo más grave es que, desde la dirección central de ASSE en Montevideo, se dieron órdenes explícitas de no exigir registros de asistencia a los contratados privados para evitar «riesgos laborales».
Este descontrol permitió que se facturaran intervenciones quirúrgicas donde supuestamente participaban funcionarios públicos que, en la realidad, no estaban presentes. Este esquema no solo es un fraude económico, sino que pone en riesgo la seguridad asistencial de los pacientes, quienes eran atendidos por personal que no figuraba en los registros oficiales del hospital.
La respuesta política y el silencio de los implicados
Mientras el sistema político reacciona con estupor, los principales señalados han optado por el silencio o el bloqueo administrativo. Leonardo Cipriani y su vicepresidente, Marcelo Sosa, se negaron a declarar presencialmente ante los instructores de la investigación, exigiendo responder mediante sobres cerrados bajo la excusa de «falta de tiempo».
El actual directorio de ASSE, que decidió llevar estas actuaciones a la justicia penal, estima que el mismo servicio que hoy cuesta fortunas podría brindarse gastando apenas el 20% de lo ejecutado por la gestión anterior. La brecha entre lo que se pagó y lo que realmente costaba el servicio sugiere un sobrecosto millonario que terminó en manos privadas.
Este escándalo en ASSE es, en definitiva, el relato de una gestión que priorizó la agilidad del gasto privado sobre el control del recurso público. Durante el gobierno de Lacalle Pou, las puertas de la salud estatal se abrieron para convenios que hoy la justicia califica como irregulares, dejando una deuda ética y económica que el país recién comienza a dimensionar.
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