Duterte reemplaza a su abogado antes del juicio por crímenes de lesa humanidad ante la CPI

Por Terrance Silva

Renuncia del abogado de Duterte ante la CPI

Nicholas Kaufman, abogado del expresidente filipino Rodrigo Duterte, ha solicitado su baja como defensor en el juicio que se llevará a cabo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Este proceso se centra en los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la controvertida ‘guerra contra las drogas’ que implementó Duterte durante su mandato.

En un escrito presentado ante la CPI, Kaufman indicó que su contrato como abogado finalizó el 31 de marzo. Durante una visita al exmandatario el 7 de mayo, Duterte expresó su intención de contratar un nuevo equipo legal. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del nuevo defensor, lo que ha generado especulaciones sobre la estrategia legal que se adoptará en el juicio.

Kaufman, en su carta dirigida a la Sala de Primera Instancia, solicitó formalmente la autorización para retirarse como abogado de Duterte. En su misiva, destacó que la continuidad de la representación del exmandatario está asegurada gracias a la experiencia del nuevo abogado que lo representará ante la CPI.

Duterte, de 81 años, se encuentra actualmente detenido en un centro de la CPI en La Haya desde marzo del año pasado. Su detención está relacionada con los crímenes de lesa humanidad que se le imputan en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’, que tuvo lugar entre 2013 y 2018. Durante este periodo, miles de presuntos traficantes y consumidores de drogas perdieron la vida, lo que ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional.

El Tribunal Penal Internacional confirmó el 23 de abril todos los cargos presentados contra Duterte. La Sala de Cuestiones Preliminares I, tras realizar audiencias judiciales previas al juicio, ratificó por unanimidad los tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Este avance en el proceso judicial ha sido recibido con atención en Filipinas, donde la figura de Duterte sigue siendo polarizadora.

La entrega de Duterte a la CPI se produjo en marzo de 2025, cuando fue arrestado por las autoridades filipinas bajo el gobierno de Ferdinand Marcos Jr. Este hecho ha suscitado un intenso debate en el país, donde el exmandatario aún cuenta con un sólido grupo de seguidores. La situación política en Filipinas se complica aún más con la reciente candidatura de su hija, Sara Duterte, a las elecciones presidenciales de 2028.

La ‘guerra contra las drogas’ de Duterte ha sido objeto de críticas tanto a nivel local como internacional. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las tácticas violentas empleadas durante esta campaña, que se caracterizó por ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos fundamentales. A pesar de las acusaciones, Duterte ha mantenido un fuerte apoyo entre ciertos sectores de la población, quienes lo ven como un líder que enfrentó el problema de las drogas con mano dura.

La CPI, por su parte, ha enfatizado la importancia de llevar a cabo un juicio justo y transparente. La corte busca garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados en el proceso, incluyendo a las víctimas de la ‘guerra contra las drogas’. La atención mediática sobre el caso de Duterte es intensa, y se espera que el juicio atraiga el interés de observadores internacionales y locales.

Mientras tanto, la política en Filipinas continúa su curso. La figura de Duterte, a pesar de su detención, sigue influyendo en el panorama político. La candidatura de su hija, Sara, ha reavivado el interés por el legado de su padre y ha generado expectativas sobre el futuro del país. La conexión entre ambos, en un contexto de creciente polarización, añade una capa más de complejidad a la situación.

La CPI ha establecido un cronograma para el juicio, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta. La incertidumbre sobre la defensa de Duterte y la estrategia legal que se adoptará en este nuevo capítulo del caso son temas que ocupan el runrún en los círculos políticos y sociales de Filipinas.

El exmandatario, que se encuentra en el centro de esta tormenta judicial, sigue siendo una figura clave en la política filipina. Su legado, marcado por la controversia y la polarización, continúa generando debates acalorados entre los de a pie y los analistas políticos. La atención ahora se centra en cómo se desarrollará el juicio y qué implicaciones tendrá para el futuro de Duterte y su familia.

La CPI ha dejado claro que su objetivo es garantizar justicia en este caso, mientras que en Filipinas, la población sigue dividida entre quienes apoyan y critican la gestión de Duterte. La situación se mantiene en un delicado equilibrio, con la mirada del mundo puesta en lo que sucederá en los próximos meses.

La fecha del juicio aún no ha sido anunciada.