Alerta roja en salud: los medicamentos de alto costo amenazan con quebrar al Estado

Por Wiliam Varela

El sistema de salud uruguayo atraviesa una de las tensiones más profundas de su historia reciente. El epicentro del conflicto no es una epidemia, sino la creciente judicialización para el acceso a medicamentos de alto costo, un fenómeno que ha pasado de ser una excepción a convertirse en una vía paralela de gestión sanitaria que amenaza la sostenibilidad del modelo universal.

Durante el último año, la cifra de juicios de amparo alcanzó un récord histórico, superando las 2.100 demandas. Esta tendencia ha encendido las alarmas en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), cuyas autoridades sostienen que, sin una reforma en la forma en que se tramitan estos reclamos, el sistema financiero que sostiene la atención de todos los uruguayos podría enfrentar un colapso inminente.

El dilema ético de la “sábana corta”

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha sido tajante al respecto en sus recientes comparecencias ante el Senado. La jerarca sostiene que la obligación del Estado de garantizar el bienestar colectivo colisiona directamente con las condenas judiciales que imponen gastos no planificados. Según Lustemberg, el gasto anual derivado de estas acciones legales ya bordea los 150 millones de dólares, una cifra que paradójicamente supera lo invertido en la cobertura regular de miles de pacientes bajo protocolos estandarizados.

El problema radica en que el Poder Judicial suele fallar a favor del individuo basándose en el derecho constitucional a la vida, pero a menudo lo hace ignorando la rigurosidad técnica. Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR, advierte que los magistrados están condenando al Estado a pagar tratamientos que, en muchos casos, carecen de evidencia científica sólida sobre su efectividad real para la patología específica del demandante.

Precios exorbitantes y laboratorios especializados

Uno de los puntos más críticos de esta problemática es la distorsión de precios en el mercado farmacéutico internacional. Las autoridades denuncian la existencia de valores “escandalosos” y “abusivos” por parte de laboratorios que se han especializado en la importación directa bajo demanda judicial. Se han documentado casos donde el mismo fármaco puede variar su precio en decenas de miles de dólares dependiendo del proveedor y la urgencia del mandato judicial.

Aproximadamente un tercio de las demandas presentadas corresponden a drogas que ni siquiera están registradas en el país. Esto obliga al Estado a realizar compras directas en el exterior sin capacidad de negociación, quedando a merced de precios fijados unilateralmente por la industria, lo que drena recursos que originalmente deberían destinarse a la incorporación de nuevas prestaciones para el grueso de la población.

La búsqueda de una solución sistémica

La encrucijada plantea una pregunta fundamental sobre la equidad: ¿cómo equilibrar el derecho de un paciente a agotar todas sus posibilidades de supervivencia con la responsabilidad del Estado de mantener un sistema que atienda a tres millones de personas? La “ética de la escasez” sugiere que cada dólar invertido en un tratamiento sin evidencia comprobada es un dólar que se resta a programas de prevención, atención primaria o medicación básica que beneficia a una mayoría.

Desde el FNR señalan que la judicialización masiva distorsiona la planificación estratégica. Si el presupuesto se consume en sentencias individuales, se bloquea la posibilidad de integrar de forma técnica y presupuestada nuevos fármacos al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). El desafío para el próximo período legislativo será encontrar un marco normativo que permita canalizar estos reclamos de forma que la ciencia y la economía caminen de la mano con la justicia, evitando que la búsqueda del bienestar individual termine por dinamitar el pilar de la salud pública uruguaya.