Por Ronnie Fernández

Acoso moral institucional en Uruguay: la Justicia le pone precio al maltrato en la Fiscalía

Lo que debería ser la casa de la legalidad terminó siendo el escenario de un calvario. La Justicia uruguaya ratificó una condena que deja al desnudo las peores prácticas del Estado: el acoso moral institucional en Uruguay. La Fiscalía General de la Nación deberá indemnizar con más de un millón de pesos a una exfuncionaria que fue sometida a una persecución sistemática, ignorando sus diagnósticos médicos y forzándola a tareas que terminaron por dinamitar su salud mental.

El fallo es contundente y habla de una “deshumanización” inaceptable. No se trata de un simple error administrativo, sino de maltrato institucional hacia funcionarios, donde se violaron derechos fundamentales de manera continua. Durante años, la mujer pidió piedad, presentó informes psiquiátricos y comunicó sus crisis de pánico, pero la respuesta de sus superiores fue el silencio o, peor aún, más traslados a sectores que sabían que la dañaban.

El calvario de una funcionaria bajo el acoso moral institucional en Uruguay

La historia es de terror laboral. Una trabajadora con un legajo impecable de más de 25 años fue arrastrada a la órbita penal sin capacitación ni contemplación. La persecución laboral dentro del Estado quedó demostrado cuando, a pesar de conocer que la mujer sufría depresión severa, la institución la movía de un lado a otro como si fuera un mueble, ignorando que el contacto con la “crueldad” del ámbito penal gatillaba sus peores síntomas.

Incluso en plena audiencia, la exfiscal llegó a sufrir crisis de ansiedad frente a todos, un grito de auxilio que la Fiscalía decidió ignorar. La defensa institucional fue, si se quiere, más cruel que el hecho mismo: argumentaron que no eran un “hospital público” y que la funcionaria solo quería estar “cómoda. Esa soberbia estatal es la que el juez Martínez de las Heras castigó con este fallo que marca un antes y un después en el concepto de hostilidad laboral en organismos oficiales.

Un millón de pesos por el daño causado

La cifra de la indemnización, que supera el millón de pesos, se desglosa en gastos médicos, tratamiento psicológico y un fuerte componente de daño moral. El tribunal entendió que el clima tóxico en instituciones públicas fue “suficientemente acreditado”. No hubo motivación para los traslados; solo hubo un hostigamiento que sus colegas compararon con “pasarla a una cárcel”.

• Falta de servicio: La institución falló en su deber de cuidar a su personal.

• Hostigamiento sistemático: Se ignoraron sistemáticamente los pedidos de traslado a áreas de menor impacto emocional.

• Daño irreversible: La mujer terminó su carrera jubilándose bajo un cuadro de afección crónica.

• Nexo causal: La Justicia probó que la depresión fue provocada directamente por el accionar de la Fiscalía.

El “mobbing” estatal que nadie quiere ver

El concepto de mobbing o acoso laboral suele asociarse a empresas privadas, pero este caso demuestra que las conductas abusivas en el sector estatal es una plaga silenciosa en las oficinas públicas. Que una institución dedicada a perseguir delitos termine siendo condenada por perseguir a sus propios empleados es, cuanto menos, un papelón internacional. La Fiscalía intentó apelar diciendo que los traslados eran por “necesidad del servicio”, pero el Tribunal de Apelaciones les bajó el pulgar de forma unánime.

Desde sindicatos y asociaciones profesionales, este fallo se ve como una luz de esperanza. El acoso psicológico en entidades públicas no puede ser la norma bajo la excusa de la jerarquía. El Estado tiene la obligación de ser el primer garante de la salud de sus trabajadores, no su principal verdugo. Si una persona avisa que se está muriendo por dentro y la respuesta es mandarla a la oficina más violenta posible, estamos ante un sadismo administrativo que el bolsillo de todos los uruguayos ahora deberá pagar.

Un precedente contra la deshumanización

Este fallo por presiones indebidas en dependencias oficiales es un aviso para todos los jerarcas que se creen dueños de la vida de sus subordinados. La salud mental no es un capricho personal, es un derecho humano. Que la Fiscalía haya tenido que desembolsar semejante cifra es el costo de la soberbia de quienes prefirieron “quebrantar” a una funcionaria antes que escuchar a los médicos de ASSE que sugerían un cambio de destino.

Esperemos que este caso de acoso moral institucional en Uruguay sirva para que las autoridades actuales pongan las barbas en remojo. No se puede administrar justicia si puertas adentro se manejan con la crueldad de un sistema que “descarta” gente cuando se enferma. La Justicia fue lenta, pero llegó: un millón de pesos para intentar reparar una carrera que terminó en la sombra del maltrato oficial.