Disparidad total en la distribución de los vehículos del Estado en Uruguay actualmente

La radiografía de la flota oficial bajo la lupa

El manejo de los recursos públicos siempre es un tema sensible para el contribuyente uruguayo, especialmente cuando se trata de la movilidad de las autoridades y los servicios básicos. Un informe reciente basado en datos de Ancap revela que los vehículos del Estado en Uruguay tienen un protagonista indiscutido: las intendencias departamentales. Según los registros del Sistema Computarizado de Contralor Vehicular (Sisconve) correspondientes a 2025, las administraciones del interior y la capital concentran casi un tercio de toda la flota pública nacional.

Hablamos de un volumen que alcanza las 5.960 unidades, lo que representa el 32% del total de la flota oficial, que en su conjunto suman 18.480 automóviles monitoreados satelitalmente. Esta cifra no es menor, ya que implica una inversión millonaria tanto en mantenimiento como en el combustible que el ente petrolero estatal debe suministrar. Lo que salta a la vista es la enorme disparidad entre las diferentes comunas, donde el tamaño de la flota parece responder a lógicas que van más allá de la simple cantidad de población.

El control del Sisconve sobre los vehículos del Estado en Uruguay

Para entender cómo se gestionan los autos estatales, es fundamental mirar hacia el Sisconve. Este software, que nació con decretos en los años noventa, permite un monitoreo en tiempo real no solo del consumo, sino también del recorrido de cada unidad. Es la herramienta principal para evitar el uso indebido de los recursos públicos, una sospecha que siempre sobrevuela cuando se ve una camioneta oficial fuera de horario o en zonas no laborales. Sin embargo, el informe advierte que no todas las comunas pasan por este filtro: San José y Cerro Largo todavía mantienen sus unidades fuera de este sistema de control centralizado.

La transparencia en el uso de los móviles públicos ha sido una bandera de varias administraciones, pero la resistencia de algunos departamentos a integrar la totalidad de su flota al Sisconve genera dudas sobre la eficiencia del gasto. En un contexto donde las finanzas municipales suelen estar al límite, el control satelital debería ser la norma y no la excepción. El resto de las 17 intendencias sí han aceptado este escrutinio, permitiendo que Ancap y el Poder Ejecutivo tengan una trazabilidad clara de cada litro de gasoil que se quema en las rutas nacionales.

Flores y el liderazgo en flota por habitante

Al desglosar los datos por departamento, surge una estadística que llama poderosamente la atención. El departamento de Flores, el menos poblado del país, es el que presenta la mayor densidad de coches oficiales en relación con su gente. Con 137 unidades para poco más de 26.000 habitantes, la intendencia poronguera cuenta con unos 52 vehículos cada 10.000 personas. Le siguen de cerca Rocha y Río Negro, que mantienen ratios superiores a los 40 vehículos por cada diez mil habitantes, una cifra que triplica a la de otros departamentos más urbanizados.

¿A qué responde esta acumulación de móviles de uso estatal en zonas de baja densidad poblacional? Las autoridades locales suelen argumentar que la extensión del territorio y la necesidad de maquinaria para obras viales en zonas rurales exigen una flota más robusta. Un tractor, una retroexcavadora o un camión recolector son esenciales para mantener la infraestructura en departamentos donde las distancias son largas y los servicios están dispersos. Sin embargo, la brecha con Montevideo es tan abismal que abre el debate sobre si existe una sobredimensión de la flota en algunos rincones del interior.

El contraste con la realidad de Montevideo y Canelones

En la otra vereda encontramos a la Intendencia de Montevideo. A pesar de ser la que tiene el mayor presupuesto y la mayor cantidad de servicios centralizados, su proporción de la  flota de la gestión nacional es la más baja del ranking nacional. Con poco más de 1.000 unidades para una población de 1,3 millones de personas, la capital apenas registra ocho vehículos cada 10.000 habitantes. Esta eficiencia relativa se explica, en parte, por la densidad poblacional: los servicios están concentrados en pocos kilómetros cuadrados, lo que optimiza el uso de cada unidad móvil.

No obstante, cuando cambiamos el lente y miramos la superficie, Montevideo pasa a ser el departamento con más parque automotor gubernamental por kilómetro cuadrado, llegando a casi dos unidades por cada mil metros de territorio. En departamentos como Treinta y Tres o Maldonado, esa relación cae a niveles mínimos, lo que demuestra que la geografía manda a la hora de decidir qué tipo de flota comprar. No es lo mismo recolectar basura en la densidad de Pocitos que mantener los caminos vecinales de las sierras de Maldonado o los arrozales de la zona este.

Desafíos para el recambio de flota en 2026

Mirando hacia el futuro, la discusión sobre los vehículos del Estado en Uruguay entrará en una nueva fase de recambio tecnológico. El «orgullo» que sienten los intendentes al presentar una nueva camioneta o un camión recolector, muchas veces en actos públicos con corte de cinta incluido, deberá convivir con la presión por la austeridad y la disciplina fiscal. En el interior del país, renovar la flota es visto como una señal de progreso y gestión, pero para el analista económico, es un rubro que siempre está bajo sospecha de ineficiencia si no se acompaña de una reducción en los costos operativos.

La administración de los vehículos del Estado en Uruguay requiere una mirada técnica que trascienda los periodos electorales. Si bien los datos del Sisconve son un avance, la disparidad entre departamentos sugiere que falta un criterio nacional unificado para la compra y asignación de unidades oficiales. El hecho de que las intendencias manejen un tercio de la flota estatal no es un problema en sí mismo, pero sí lo es la falta de transparencia en aquellas comunas que aún se niegan a ser monitoreadas por el sistema de Ancap.

¿Es realmente necesaria una flota tan amplia en los departamentos con menos población, o estamos ante una estructura estatal que prefiere comprar vehículos antes que optimizar la logística de los servicios existentes?