Uruguay en el Tratado Integral y Progresista avanza tras una negociación diplomática extensa
El camino para posicionar a Uruguay en el Tratado Integral y Progresista no comenzó este año ni en esta administración. La solicitud formal fue presentada en diciembre de 2022 por Francisco Bustillo, mientras que Omar Paganini y su entonces subsecretario Nicolás Albertoni mantuvieron conversaciones y sostenían intercambios hasta los últimos días de su gestión. Ahora, el nuevo equipo encabezado por Mario Lubetkin y Valeria Csukasi dio los pasos finales para anunciar la primera concreción política dentro del proceso de adhesión.
El presidente Yamandú Orsi y su antecesor Luis Lacalle Pou coincidieron en celebrar lo que denominaron una “política de Estado”. Sin embargo, ese consenso no se trasladó al resto de la escena política, donde las reacciones oscilaron entre el festejo institucional y el clásico ringui ranga.
La oposición recordó declaraciones del actual canciller, quien meses atrás había afirmado que Uruguay estaba “lejísimos” de ser considerado por el bloque. Ese comentario volvió a escena, acompañado por discusiones en la Junta de Montevideo sobre la instalación de un busto de Ho Chi Minh en el marco de la visita de una delegación vietnamita. El episodio expuso, una vez más, la tensión entre estrategia diplomática y posicionamientos políticos internos.
El bloque crea un grupo de trabajo y abre un proceso similar al del Reino Unido
Sobre la medianoche uruguaya, pero ya entrada la jornada del viernes en Melbourne, los doce miembros del CPTPP resolvieron tratar formalmente la solicitud uruguaya. La decisión incluyó la creación de un Grupo de Trabajo de Adhesión, encargado de elaborar los términos y condiciones para avanzar hacia la membresía definitiva. Mientras tanto, Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes quedaron para una etapa posterior.
Este paso marca el mayor avance de Uruguay en el Tratado Integral y Progresista, y abre un proceso que Cancillería compara con el camino recorrido por el Reino Unido entre 2021 y 2023. Aquel país debió transitar cinco rondas de negociación, concluir sustancialmente el acuerdo en marzo de 2023 y formalizar su adhesión meses después. Costa Rica también se encuentra en un proceso similar, aunque aún distante de su resolución final.
La vicecanciller Csukasi destacó que no se trata de negociar desde cero, sino de “adherir a un acuerdo que ya está en vigor y con reglas claras”. En consecuencia, el desafío radica en adecuarse a los compromisos existentes y demostrar capacidad para cumplir las exigencias del bloque.

Autoridades analizaron los requisitos para consolidar a Uruguay en el Tratado Integral y Progresista.
El papel del Mercosur y las posibles fricciones con socios regionales
El avance de Uruguay en el Tratado Integral y Progresista no está exento de repercusiones dentro del Mercosur, un espacio donde las decisiones de política comercial deben ser coordinadas. El gobierno uruguayo dio por sentado que Brasil y Paraguay expresarán reparos, postura que ya mostraron cuando Uruguay planteó en marzo avanzar con “distintas velocidades”. Ambos países reiteraron que todo debe hacerse “en bloque”.
En cambio, la administración argentina de Javier Milei exhibe una visión más flexible. El canciller Lubetkin se recostó sobre esa postura, señalando que ningún miembro del Mercosur plantea “bombardear” el bloque, sino modernizarlo con responsabilidad. La política exterior uruguaya sostiene que la solicitud de adhesión “no contradice” la pertenencia al Mercosur, postura que fue subrayada en una carta enviada por Lubetkin y el ministro de Economía Gabriel Oddone a los miembros del CPTPP el pasado 14 de noviembre.
Allí se reafirmó la voluntad del Estado uruguayo de avanzar en la integración, se destacó la defensa del libre comercio y se subrayaron los estándares de calidad representados por el tratado. La carta fue clave para destrabar consensos y aparece descrita como una de las gestiones políticas de último minuto.
Un proceso largo, con desafíos técnicos y sectores sensibles en juego
Expertos consultados estiman que la adhesión podría demorar entre 18 y 24 meses. En el caso británico, las negociaciones incluyeron revisiones a sectores sensibles, análisis de impacto arancelario y compromisos específicos para productos relevantes. En Uruguay, los informes en manos de Cancillería advierten que habrá que prestar especial atención a eventuales revisiones a los monopolios de Antel en telefonía fija y de Ancap, debido a posibles beneficios a proveedores locales que podrían ser cuestionados.
Otra área clave será la apertura comercial hacia mercados como Japón, Reino Unido y Vietnam. De acuerdo con análisis del LATU y estudios del INAC, Uruguay podría obtener mejoras significativas en acceso de carne y otros productos, compensando los aranceles actuales, que promedian entre 4% y 12%.
Proyecciones, tensiones y el escenario que se abre para Uruguay
El avance de Uruguay en el Tratado Integral y Progresista genera expectativas en sectores exportadores y analistas económicos, pero también incertidumbre en áreas reguladas y actores políticos que observan con cautela los compromisos que el país deberá asumir.
La vicecanciller Csukasi sostuvo que los límites “son conocidos de ambas partes” y que el objetivo es diseñar un paquete que resulte aceptable para Uruguay y para los miembros del bloque. Diplomáticos señalan que algunos países tuvieron dudas de último momento, vinculadas a la posible competencia en nichos específicos, lo que anticipa una negociación tecnificada y políticamente sensible.
Mientras tanto, el gobierno uruguayo insiste en que el país procede “igual que cuando otros socios del Mercosur reclamaron flexibilidad” y que la adhesión no implica contradicciones con la pertenencia al bloque regional.
