Federica Conti
Hay noticias que te dejan un nudo en la garganta, especialmente cuando la negligencia queda expuesta con documentos oficiales. La tragedia en Punta del Este que le costó la vida a Néstor Daniel Rodríguez, un uruguayo de 44 años que simplemente iba camino a su trabajo, sumó un capítulo vergonzoso. Ahora se sabe, sin lugar a dudas, que la ciudadana argentina que lo embistió en la parada 33 de la playa Brava no solo cometió un error de cálculo en la rambla, sino que nunca debió haber estado al mando de ese vehículo. Estaba inhabilitada para conducir.
Desde el primer momento, la defensa de la mujer intentó instalar la narrativa del «permiso electrónico» y de que su situación era similar a la de tantos otros turistas que llegan a veranear en el Este. Sin embargo, el Ministerio Público uruguayo no se quedó con esa versión y cruzó los datos con las autoridades del vecino país. La respuesta que llegó desde Buenos Aires fue demoledora y sepultó cualquier intento de justificación: la licencia de conducir de la imputada venció el 2 de noviembre de 2023 y jamás fue renovada.
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La confirmación oficial de una ilegalidad manifiesta
El documento enviado por la Dirección Nacional de Seguridad de Argentina es tajante y no deja margen para interpretaciones creativas. Según el Sistema de Consultas de Licencias, la mujer registra un estado «no vigente» en su permiso categoría B1. Esta inhabilitación absoluta convierte su presencia detrás del volante en un acto de desprecio por la normativa de tránsito vigente en ambos lados del Río de la Plata. La tragedia en Punta del Este toma entonces una dimensión penal mucho más pesada, donde la imprudencia se mezcla con la ilegalidad administrativa.
Néstor Rodríguez circulaba en su moto por la rambla Lorenzo Batlle Pacheco el pasado 26 de diciembre cuando el destino —o mejor dicho, la irresponsabilidad ajena— se le cruzó en el camino. El impacto fue seco, violento y definitivo. Mientras la familia de la víctima, representada por el abogado penalista Sebastián Serron Bon, busca justicia, los datos técnicos confirman que la conductora circulaba con documentos que eran, a efectos legales, simples papeles sin valor desde hacía más de un año.
Una defensa que se queda sin argumentos
Al principio de la investigación, se barajó la posibilidad de que la licencia estuviera vigente en formato digital, una confusión común en los últimos tiempos. Pero el informe que accedió la Fiscalía de Maldonado aclara que la falta de renovación fue lo que motivó la inhabilitación de oficio. En la tragedia en Punta del Este, este dato no es menor, ya que pone en tela de juicio no solo a la conductora, sino también la falta de controles efectivos sobre quiénes ingresan y circulan por nuestras rutas durante la temporada estival.
Resulta difícil digerir para los allegados de Néstor que una persona que sabía que no podía manejar en su propio país, haya decidido subirse a un auto en Uruguay y transitar por una de las avenidas más concurridas de Punta del Este. El coche, que pertenecía a una amiga de la implicada, contaba con seguro, pero la vigencia de la póliza poco importa cuando el factor humano falla desde la base: la falta de idoneidad legal para conducir. El caso sigue bajo la lupa de la Fiscalía, que ahora tiene en su poder la prueba reina de la inhabilitación.
El dolor de una familia y la sombra de la impunidad
La tragedia en Punta del Este vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los turistas y la severidad de las penas ante siniestros fatales donde existe dolo eventual o negligencia punible. Néstor era un trabajador que, como tantos otros, usaba la moto para cumplir con su jornada laboral. Su muerte no fue producto de la fatalidad pura, sino de un sistema que permite que personas sin permiso habilitado se desplacen con total liviandad por el territorio nacional, ignorando las consecuencias que esto puede acarrear.
Hoy, la mujer cumple medidas limitativas de la circulación, pero el nuevo informe de las autoridades argentinas podría cambiar el curso de las medidas cautelares. La justicia uruguaya tiene el desafío de demostrar que la vida de un ciudadano nacional vale más que las excusas de quien decidió ignorar la ley. El expediente avanza, las pruebas se acumulan y la sensación de injusticia flota en el aire de Maldonado, esperando un veredicto que traiga algo de paz a una familia destrozada por una imprudencia que nunca debió suceder.
¿Qué garantías tenemos los uruguayos en las calles cuando conductores inhabilitados en sus países de origen circulan impunemente por nuestras principales ciudades turísticas?