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Irregularidades que rompieron el silencio público
Trabajadores chinos en Uruguay permanecen hoy en el centro de un escándalo que el país ya no puede seguir ignorando. En distintas zonas, persiste una realidad donde el silencio parece querer imponerse por igual entre autoridades, sindicatos y empresas. Pero lo que ocurre dentro de la obra operada por CMEC, donde se desempeñan decenas de obreros de origen chino, superó cualquier intento de ocultamiento. Tras meses de indagación, testimonios directos y un conjunto de irregularidades imposibles de disimular, el caso dejó de ser un comentario aislado para transformarse en un episodio de gravedad nacional que exige respuestas inmediatas y transparentes.
Hace meses se habían denunciado públicamente las condiciones en las que vivían varios trabajadores chinos alojados por la empresa. Las descripciones incluían espacios inhabitables, precarios y completamente indignos. Pese a ello, en aquel momento no hubo reacción oficial alguna. Según relataron obreros involucrados, cuando delegados del Sunca detectaron la situación, la respuesta no fue exigir cambios ni reclamar medidas urgentes: fue encubrir.
Delegados sindicales señalados y un ocultamiento que se quebró
Trabajadores consultados señalaron directamente a los delegados Juan Amaro y Gustavo Presa, integrantes de la corriente 658, como responsables de actuar como un muro de contención destinado a evitar que trascendiera la magnitud real de las irregularidades. El blindaje, sin embargo, se quebró cuando se constató que no existían actas, registros ni controles y que los alojamientos eran deplorables. Luego de ello, la empresa resolvió retirar a los delegados cuestionados de sus funciones, y fue entonces cuando comenzaron a emerger aún más hechos preocupantes.
En diferentes inspecciones se encontraron obreros chinos hacinados, sin controles médicos, sin seguridad laboral y sin condiciones mínimas de higiene. El escenario descrito por quienes participaron en las verificaciones era el de trabajadores tratados como piezas descartables dentro de una estructura que operaba sin fiscalización real. Pero lo más grave surgió cuando se conoció la desaparición de al menos un trabajador chino, un hecho del que nadie ofrece explicaciones claras.
Un obrero desaparecido y la ausencia total de respuestas oficiales
Este trabajador ingresó de manera formal al país, estaba contratado para desempeñar tareas en la obra y, de un momento para otro, dejó de aparecer en los registros. No existen datos oficiales sobre su paradero. Las autoridades aseguran que todo está en orden. El sindicato sostiene desconocer el caso. La empresa no brinda precisiones. La suma de silencios solo profundiza las sospechas.
También se mencionaron reuniones entre el ministro de Trabajo y representantes de la corriente sindical señalada por los obreros, encuentros que —según testimonios recogidos— generaron dudas respecto a su finalidad. Para quienes denunciaron, estas reuniones parecían más orientadas a contener el escándalo que a enfrentarlo con la claridad necesaria. La falta de transparencia en este punto solo agregó inquietud.
Señalamientos políticos y pedidos de investigación judicial
Se agregaron también versiones sobre posibles aportes económicos de CMEC hacia estructuras políticas vinculadas al Frente Amplio. Son, por el momento, afirmaciones provenientes de entrevistados, pero aun así agregan un elemento de gravedad que exige investigación. Será la Justicia quien determine si existieron o no estos vínculos y si influyeron en la tibieza con que algunos organismos actuaron.
Este viernes, cinco trabajadores chinos debieron declarar ante la Fiscalía de Paysandú por las condiciones de alojamiento que habían sido denunciadas meses atrás. La apertura de la investigación penal confirma que las irregularidades no eran rumores ni exageraciones mediáticas. Eran hechos concretos, suficientemente graves como para motivar intervención judicial.
Delegados removidos y falencias que nadie quiso ver durante meses
El caso tomó otro giro cuando la empresa desplazó a los delegados de la corriente 658. Con el ingreso de nuevos representantes sindicales se verificaron falencias que, según trabajadores, habían sido ignoradas durante meses. Las viviendas estaban degradadas, no existían actas registradas y la fiscalización era prácticamente inexistente. Todo ocurría en un marco donde la empresa parecía operar como si semejantes prácticas fueran aceptables dentro de Uruguay.
Lo que comenzó como una denuncia puntual reveló un entramado de negligencia, encubrimiento y posibles actos de corrupción institucional. La gravedad de lo expuesto requiere una investigación exhaustiva, no solo por las condiciones de los trabajadores chinos en Uruguay, sino por el precedente que este caso podría generar si no se actúa con firmeza.
Un problema que trasciende lo sindical y compromete al país
El problema no es un conflicto sindical ni un incidente aislado en Paysandú. Se trata de un caso que cruza dimensiones laborales, políticas, institucionales y éticas. Mientras el trabajador desaparecido sigue sin aparecer y los obreros uruguayos expresan hartazgo ante la vulneración repetida de derechos básicos, la empresa continúa bajo cuestionamientos y las autoridades enfrentan críticas por su lentitud e inacción.
En este contexto, muchos sostienen que CMEC no debería seguir operando ni licitando obras públicas mientras la Justicia investiga. Las denuncias acumuladas, los testimonios sobre condiciones indignas, la intervención fiscal y la desaparición de un trabajador extranjero construyen un cuadro que exige decisiones inmediatas.
Uruguay enfrenta ahora una disyuntiva: actuar con contundencia o normalizar la opacidad y la negligencia institucional.
¿Está dispuesto el país a tolerar silencios que comprometen su propia credibilidad?