UTE corta suministro a Tether: claves del caso Tether UTE
La empresa de criptomonedas Tether quedó sin suministro eléctrico en Uruguay desde el 25 de julio pasado, cuando UTE decidió suspender el servicio por falta de pago y el desborde de la garantía. La medida afecta instalaciones vinculadas a proyectos que la compañía desarrollaba en los departamentos de Flores y Florida.
Según la investigación periodística que divulgó Búsqueda y replicaron otros medios, el corte se produjo después de que la deuda acumulada superara la garantía depositada por la empresa; el monto adeudado ronda los US$4,8–5 millones, sin considerar multas y recargos. Ese saldo habría motivado la decisión operativa de la estatal.
La compañía, que opera a través de una filial local llamada Microfin, había entablado negociaciones con la empresa pública para definir los términos de una posible nueva instalación y una rebaja tarifaria, según fuentes citadas por la cobertura. En ese contexto, los pagos se cortaron y los reclamos económicos se combinaron con la discusión técnica sobre tarifas y garantías.
Fuentes oficiales y el propio ente estatal explicaron que la interrupción del suministro obedeció a criterios administrativos: cuando la deuda supera el monto de la garantía, la UTE puede proceder al corte para resguardar el patrimonio colectivo. En el caso que nos ocupa, la cifra acumulada y las sucesivas notificaciones no habrían sido suficientes para destrabar el conflicto.
La magnitud de la deuda y la condición de Tether como actor relevante en proyectos locales encendieron preguntas sobre el impacto económico y regulatorio. Las obras previstas y el empleo vinculado a esos emprendimientos quedaron en suspenso mientras avanzan las tratativas entre las partes, que incluyen la posibilidad de renegociar la tarifa y actualizar garantías.
La presencia de figuras públicas en directorios empresariales añadió ruido político al caso: entre los nombres vinculados a la compañía figura el ex senador Juan Sartori, lo que generó repercusiones en ámbitos políticos y mediáticos. Ese dato intensificó el interés sobre el alcance y la fiscalización de las inversiones.
Para UTE, el episodio subraya la tensión entre aplicar reglas uniformes de cobro y mantener relaciones con grandes clientes industriales o estratégicos. Desde la perspectiva de la empresa de electricidad, mantener garantías reales para cubrir suministros de alto consumo es una condición de prudencia financiera; desde la vereda del inversor privado, en cambio, la negociación de tarifas y la seguridad jurídica son elementos centrales para decidir inversiones.
El caso también plantea interrogantes sobre la regulación del consumo energético en actividades intensivas, como la minería cripto, y la capacidad del país para atraer proyectos que demandan tarifas competitivas sin poner en riesgo el equilibrio financiero del servicio público. Analistas del sector advierten que convivir con proyectos de alto consumo exige reglas claras y mecanismos de control.
Qué sigue. Las alternativas van desde un acuerdo de pago y la reposición gradual del suministro hasta procesos legales o la búsqueda de garantías adicionales. Mientras tanto, las autoridades locales y la empresa continuarán las conversaciones para intentar evitar que la disputa escale y afecte a proveedores o a la comunidad.
El episodio de Tether UTE funciona como caso testigo: pone en tensión política, regulatoria y técnica la llegada de proyectos cripto que exigen energía a gran escala. La forma en que se resuelva la situación marcará la hoja de ruta para futuros inversores que miren a Uruguay como plataforma regional
