Gobierno revisa convenios entre ASSE y mutualistas
Convenios de ASSE con las mutualistas Círculo Católico y Casmu están bajo revisión por parte del gobierno de Yamandú Orsi. El prestador público abrió en agosto una investigación administrativa para analizar los contratos firmados durante la gestión anterior, mientras que el Ministerio de Salud Pública evalúa las actuaciones de los jerarcas que avalaron informes favorables en 2022.
Desde agosto, el prestador público inició una investigación administrativa para analizar los contratos firmados, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa las actuaciones de los jerarcas que avalaron los informes favorables en 2022.
Solicitud de información y revisión de expedientes
Como parte del proceso interno en ASSE, el presidente del directorio Álvaro Danza envió el 10 de octubre un oficio a la ministra Cristina Lustemberg solicitando información relevante sobre el documento que en 2022 habilitó los convenios con ambas mutualistas.
El MSP detectó diferencias entre los expedientes que justificaron una investigación administrativa dentro de la propia cartera. Según se informó, no queda claro que el entonces subsecretario José Luis Satdjian estuviera formalmente habilitado para sustituir al ministro en funciones, Daniel Salinas, al momento de firmar el informe vinculado al Círculo Católico.
Firma sin respaldo formal
En un documento interno, el MSP señala que la firma de Satdjian como subsecretario, en lugar de ministro, carece de fundamentación formal adecuada. Mientras Salinas rubricó el oficio favorable al convenio con Casmu el 25 de julio de 2022, fue Satdjian quien autorizó el contrato con el Círculo el 9 de setiembre de ese mismo año.
Ambos documentos comparten estructura y contenido, pero el MSP advierte que el informe firmado por Satdjian fue elaborado en menos de un mes, sin que conste la habilitación para ejercer funciones ministeriales.
Diferencias entre los expedientes
De acuerdo al régimen de contrataciones vigente (TOCAF), cualquier acuerdo de complementación de servicios por parte de ASSE requiere un informe favorable previo del MSP.
El expediente vinculado al convenio con Casmu, autorizado por Salinas, contiene mayor nivel de detalle que el firmado por Satdjian. El MSP indica que este último fue dictado en un plazo breve y por una autoridad que no debería haber firmado el documento.
La investigación administrativa propone profundizar en ese punto, ya que se identifican diferencias relevantes en la tramitación y resolución de ambos expedientes. El objetivo es esclarecer las causas de esas discrepancias y determinar posibles responsabilidades.
Plazos y tratamiento desigual
El informe sobre el convenio con Casmu insumió aproximadamente dos meses, desde fines de mayo hasta fines de julio. En cambio, el del Círculo fue resuelto en menos de un mes, entre el 11 de agosto y el 9 de setiembre.
Para la actual administración, este tratamiento más expedito genera interrogantes, especialmente por tratarse de prestaciones similares. Además, el expediente del Casmu incluye más actos administrativos, dictámenes e intervenciones internas, lo que evidencia un grado de análisis previo superior.
Impulso inicial y origen de la gestión
Otro aspecto analizado por el MSP refiere al origen de los convenios. En el caso de Casmu, la iniciativa surgió de ASSE, que identificó una necesidad concreta en función de camas disponibles y departamentos proyectados.
En cambio, el impulso inicial del convenio con el Círculo provino de la propia mutualista, que solicitó ser considerada para prestar el mismo tipo de servicio. Esto modifica el sentido y el origen de la gestión, según la interpretación del MSP.
Prestaciones similares, trámites disímiles
La cartera entiende que ambos expedientes apuntan a prestaciones de igual naturaleza, pero plantea interrogantes sobre las razones que llevaron a una contratación sustancialmente similar con un segundo prestador en menos tiempo y con menos actos administrativos.
El hecho de que el convenio con el Círculo haya sido autorizado sin ser solicitado por ASSE refuerza las dudas sobre el proceso.
¿Podrá esta investigación administrativa arrojar luz sobre las diferencias detectadas y establecer si existieron omisiones formales que comprometan la transparencia institucional?