El ministro bajo la lupa: denuncian que Juan Castillo ordenó pagos en la Caja de Profesionales

La situación de la seguridad social en nuestro país suma un nuevo capítulo de tensión que parece sacado de una novela de enredos, pero con consecuencias reales sobre el bolsillo de los trabajadores. En las últimas horas, una denuncia interna sacudió los cimientos de la Caja de Profesionales, tras conocerse que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, habría sido quien dio la orden directa de establecer partidas salariales para cargos que, por ley, deben ser honorarios. La revelación surge de la propia María Noel Sanguinetti, una de las directoras que presentó su renuncia tras el escándalo generado por esta decisión administrativa.

La caja de los profesionales atraviesa una realidad financiera terminal, al punto de haber requerido un salvataje parlamentario a mediados de 2025 para asegurar que los jubilados actuales pudieran percibir sus haberes. En este contexto de extrema fragilidad, el Directorio aprobó el pasado 16 de enero el pago de partidas mensuales de 131.000 pesos para sus integrantes. La medida contó con cuatro votos a favor y dos en contra, desoyendo las advertencias de la División Jurídica del propio instituto, que señaló un «indicio claro de ilegalidad» en la resolución.

El argumento de Sanguinetti en su carta de despedida es demoledor y apunta directamente al piso de la calle Juncal. Según la exdelegada del Poder Ejecutivo, fue el ministro Castillo, referente del Partido Comunista, quien determinó que los directores debían percibir este beneficio monetario. La contradicción es flagrante: mientras la institución obliga a sus afiliados a aumentar sus aportes en este 2026 para evitar el colapso total, sus autoridades máximas buscaban asegurarse un ingreso que la normativa vigente prohíbe de forma expresa para estos roles.

El portazo de los delegados en la Caja de Profesionales

La onda expansiva del anuncio no tardó en llegar a la Torre Ejecutiva. Este 20 de enero, los dos representantes del Gobierno en el Directorio del régimen jubilatorio de profesionales dieron un paso al costado, en una movida que en los pasillos políticos se interpreta como un cese fulminante disfrazado de renuncia. El Poder Ejecutivo, bajo la administración del Frente Amplio, aceptó las dimisiones de inmediato, intentando contener el costo político de una medida que generó un rechazo unánime tanto en la oposición como en el colectivo de afiliados profesionales.

Esta crisis de confianza se agrava al considerar que el fondo de los universitarios viene exigiendo sacrificios permanentes a sus contribuyentes. Para el profesional que hoy pelea el mango en la calle, ver que se votan partidas de seis cifras mientras el instituto está «fundido» es un mensaje de una desconexión total con la realidad. La presión social y política fue de tal magnitud que la aplicación de los pagos quedó en suspenso, mientras los servicios técnicos evalúan los mecanismos formales para su anulación definitiva.

Dudas sobre la ética y la gestión en la Caja de Profesionales

La mirada crítica de la opinión pública se posa ahora sobre el Partido Comunista y la figura de Castillo. El ministro, que suele hacer gala de una prédica de austeridad y cuidado de los dineros públicos, queda en una posición sumamente incómoda tras el testimonio de Sanguinetti. La denuncia establece un paralelismo inevitable con otros casos de desprolijidades administrativas en filas oficialistas, erosionando la imagen de una Caja de Profesionales que necesita, por sobre todas las cosas, transparencia para sobrevivir a su agonía financiera.

Por si fuera poco, el ambiente entre los afiliados está que arde. El malestar no es solo por el monto, sino por la oportunidad y la forma. En una Caja de Profesionales que apenas se mantiene en pie gracias a la asistencia del Estado y al aumento de las tasas de aporte, el hecho de que se prioricen beneficios personales para la cúpula directiva resulta intolerable. La pregunta que queda flotando en el aire es si este episodio es un error de cálculo o el reflejo de un estilo de gestión que subestima el control legal y la sensibilidad del contribuyente.

La anulación de las partidas parece ser el único camino para calmar las aguas, pero el daño reputacional ya está hecho. La Caja de Profesionales sigue siendo un barco a la deriva en términos de sostenibilidad, y estos escándalos solo dificultan la búsqueda de soluciones de fondo que el sistema reclama a gritos. ¿