Por Gonzalo Sualina | Uruguay al Día
- Capítulo I: Un sistema que no castiga
- Capítulo II: El silencio que mata
- Capítulo III: Cómo opera la impunidad
- Capítulo VI: Las instituciones que no responden
- Capítulo VII: La complicidad del sistema judicial
- Capítulo VIII: El costo humano de la impunidad
- Capítulo IX: Reformas urgentes, silencio garantizado
Durante los últimos cincuenta años, Uruguay ha presumido de tener uno de los sistemas de salud más robustos y equitativos de América Latina. Sin embargo, bajo esa fachada de cobertura universal y profesionalismo, se esconde una realidad que ha sido silenciada por años: la impunidad de los errores médicos, la protección corporativa de los profesionales de la salud y el abandono sistemático de las víctimas de mala praxis. Esta investigación, realizada por Uruguay al Día a lo largo de seis meses, se basó en entrevistas con médicos, enfermeros, funcionarios de hospitales, familiares de víctimas y expertos legales, todos ellos solicitando anonimato ante el temor a represalias.
El foco está puesto en el departamento de Salto, donde se concentra un patrón alarmante: durante cinco décadas, no se ha registrado una sola inhabilitación profesional permanente, pese a decenas de denuncias por negligencia, abusos y omisiones. Esta primera parte se adentra en el contexto histórico y en la cultura institucional que ha blindado a los profesionales involucrados.
Capítulo I: Un sistema que no castiga
«Acá la orden es clara: no se toca a los médicos», dice un funcionario administrativo del Hospital Regional de Salto, con más de 25 años de experiencia. «Los errores se barren debajo de la alfombra. Si algo se complica, se negocia en silencio». Su testimonio coincide con otros cinco trabajadores de la salud entrevistados en la región norte del país. Todos describen un ecosistema donde las fallas clínicas se procesan internamente, con sumarios que rara vez terminan en sanciones reales y con una cultura de encubrimiento institucional arraigada.
En Uruguay, las denuncias por mala praxis deben canalizarse por vía administrativa (a través del MSP), ética (ante el Colegio Médico del Uruguay) o judicial (en la Justicia civil o penal). Pero en la práctica, el cruce de intereses, la burocracia y el corporativismo hacen que la mayoría de las investigaciones terminen en la nada. Entre 1970 y 2025, ninguna fuente consultada pudo confirmar una inhabilitación definitiva por mala praxis en Salto.
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«Hubo médicos que abandonaron pacientes, otros que diagnosticaron mal y provocaron muertes evitables. Algunos reincidieron. Pero no hay registros públicos de que se les haya impedido seguir trabajando», afirma una fuente legal cercana a procesos civiles contra centros de salud del interior. «En el mejor de los casos, se los traslada a otro departamento.»
Capítulo II: El silencio que mata
El periodista de Uruguay al Día recopiló testimonios de al menos siete familias que atravesaron muertes sospechosas o procedimientos negligentes en el sistema de salud de Salto. Ninguna de ellas logró que el médico responsable fuera sancionado profesionalmente. Algunas ni siquiera recibieron respuestas del MSP.
Una enfermera con 15 años en el sistema público lo resume sin eufemismos: «Hay una red de protección. A los jefes no les conviene tener escándalos, entonces se protege al que falla. Las enfermeras somos las primeras en verlo, pero no tenemos voz. Si denunciás, quedás afuera.»
En un documento interno al que accedió este medio, se confirma que en al menos tres casos reportados entre 2006 y 2017 hubo informes técnicos que señalaban negligencia médica directa. Sin embargo, en ninguno de ellos el profesional involucrado fue suspendido más allá de una licencia temporal o una reubicación. En todos los casos, la institución asumió la responsabilidad financiera, evitando que el proceso escalara a sanciones personales.
«Cuando un paciente muere por error médico, la familia entra en shock, y lo último que quiere es enfrentarse a todo el aparato estatal. El sistema lo sabe. Juegan con el dolor, con la falta de información, con la desesperación», dice una psicóloga forense consultada para este informe.
Capítulo III: Cómo opera la impunidad
El ciclo es predecible: un error grave ocurre, la dirección hospitalaria evalúa internamente, se abre un sumario que puede extenderse años. Mientras tanto, el médico sigue ejerciendo. En muchos casos, se activa una demanda civil, que puede concluir con una indemnización para la familia. Pero esa condena económica recae sobre el Estado, no sobre el profesional.
En 2023, un caso extremo rompió parcialmente la dinámica: un médico de guardia fue cesado por atender en estado de ebriedad, lo que derivó en la muerte de un paciente. Aunque fue separado del cargo, no hay garantía de que no ejerza en otro centro o en el sistema privado. El MSP no ofrece listas públicas de inhabilitados.
La segunda parte de esta investigación se centrará en casos documentados de abuso, negligencia y encubrimiento dentro del sistema público y privado de Salto, incluyendo sumarios opacos, conflictos de intereses, y represalias contra denunciantes.
Capítulo IV: Casos enterrados, víctimas silenciadas
Durante la investigación, Uruguay al Día accedió a registros parciales de al menos 12 sumarios iniciados en Salto por presunta negligencia médica entre 2005 y 2023. En ninguno de ellos se produjo una inhabilitación profesional definitiva. Algunos terminaron archivados por «falta de mérito», otros fueron cerrados con una amonestación verbal. En todos los casos, las instituciones rechazaron dar declaraciones oficiales.
Un exfuncionario del MSP, que trabajó en la Dirección General de Fiscalización, relató a este medio que muchas veces los expedientes se frenan por «influencias o recomendaciones de alto nivel». «Si el médico es conocido o tiene conexión con jerarquías, no se lo toca.»
Casos con consecuencias devastadoras para las familias han quedado sin resolver por décadas. Una madre entrevistada describió cómo su hija de 14 años fue internada por un dolor abdominal y dada de alta sin estudios. Horas después, murió por apendicitis perforada. La historia clínica fue modificada. «Nunca supe el nombre del doctor que la atendió. Nadie me dio explicaciones.»
En otros casos, el abuso fue de carácter sexual. Un joven adulto relató que un profesional de salud lo sometió a «procedimientos invasivos no justificados» durante una consulta de rutina. Al intentar denunciar, se encontró con trabas legales y médicas. «No me creyeron. Me dijeron que podía arruinar la carrera de un profesional respetado.»
Capítulo V: El precio del silencio
El miedo a denunciar es transversal. Enfermeros, administrativos y hasta médicos de jerarquía media prefieren callar. Una ginecóloga del sector privado dijo haber visto negligencias «reiteradas» por parte de colegas. «Pero si hablás, te borran del mapa profesional. Las clínicas te dejan de contratar, los pacientes desaparecen.»
Un exdirector de hospital en el litoral describió el sistema como «un club cerrado donde se prioriza la imagen de la institución por encima de la seguridad del paciente». Reconoció que muchas veces las juntas médicas son compuestas por colegas del denunciado, lo que crea un sesgo insalvable.
Los familiares también pagan un precio. Algunos relataron cómo, tras denunciar públicamente casos de mala praxis, recibieron amenazas, acoso en redes sociales e incluso intentos de difamación por parte de profesionales afines al sistema.
En la tercera parte de esta investigación, se analizarán los mecanismos institucionales que sostienen esta impunidad: la falta de transparencia en el MSP, la pasividad del Colegio Médico, y la ausencia de controles efectivos sobre la conducta profesional en los departamentos del interior del país.
Capítulo VI: Las instituciones que no responden
A lo largo de esta investigación, Uruguay al Día presentó solicitudes de acceso a la información ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Colegio Médico del Uruguay (CMU) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En ninguno de los casos se proporcionó una lista de médicos sancionados en el departamento de Salto entre 1970 y 2025. Algunas respuestas aludieron a «protección de datos personales», otras simplemente no llegaron.
Esta opacidad no es casual. Fuentes consultadas dentro del propio MSP confirmaron que no existe una base pública actualizada de profesionales inhabilitados, ni siquiera para consultas internas entre instituciones. «Cada hospital maneja sus propios antecedentes. Si un médico tuvo problemas en una ciudad y se muda, nadie lo detiene», señaló un inspector sanitario retirado.
El Colegio Médico, creado para velar por la ética profesional, ha emitido muy pocas sanciones desde su fundación. «La mayoría de las denuncias se archivan. El sistema es garantista hasta el absurdo. No hay voluntad política ni gremial de limpiar la profesión de quienes la degradan», declaró un exconsejero de la institución.
En ASSE, las respuestas fueron aún más evasivas. Directores regionales se negaron a dar entrevistas. Una funcionaria de nivel intermedio confesó que se prioriza la «gobernabilidad institucional» por encima del esclarecimiento de casos. «Un escándalo en un hospital del interior puede costar una dirección. Entonces todo se negocia.»
Capítulo VII: La complicidad del sistema judicial
El aparato judicial tampoco ofrece caminos sencillos. La mayor parte de los procesos por mala praxis en Uruguay son civiles, lo que implica largos peritajes, honorarios costosos y años de litigio. Para la mayoría de las familias del interior, demandar es inviable. «No es solo el dinero. Es revivir el dolor una y otra vez, mientras enfrentas a un sistema que protege al culpable», contó una madre cuyo hijo falleció tras un error quirúrgico.
La vía penal es casi inexistente. Desde 1985 a 2023, se registran apenas una decena de procesamientos penales a médicos en todo el país, ninguno de ellos en Salto. En los pocos casos que llegaron a esa instancia, los fiscales debieron enfrentarse a la reticencia de los peritos, la falta de voluntad de los testigos y la presión de los gremios.
Un juez del interior confesó bajo reserva: «Cuando un expediente por mala praxis entra al juzgado, ya sabemos que va a ser complejo. Nadie quiere condenar a un profesional si puede evitarlo. La prueba tiene que ser irrefutable y a veces ni así alcanza».
Capítulo VIII: El costo humano de la impunidad
En entrevistas realizadas para esta investigación, 18 personas relataron historias vinculadas a errores médicos: muertes evitables, diagnósticos fallidos, intervenciones innecesarias, partos mal atendidos, omisiones fatales. De esos casos, solo en dos hubo sentencia judicial. En ninguno hubo sanciones profesionales efectivas.
Un padre contó cómo su esposa llegó al hospital con contracciones y fue enviada de regreso a casa tres veces. La cuarta vez, la niña nació sin signos vitales. «Nos dieron una disculpa. Ni siquiera supimos el nombre del médico que la atendió.»
Otra historia estremecedora involucra a un joven con discapacidad que fue dejado sin atención durante 17 horas en una sala de internación. Cuando su madre regresó, lo encontró deshidratado y con escaras. «Nadie respondió por eso. Me dijeron que el personal estaba saturado.»
En ambos casos, las familias se enfrentaron a instituciones que priorizaron la gestión del conflicto sobre la verdad. Documentos fueron modificados, testimonios omitidos y las investigaciones internas nunca concluyeron.
Capítulo IX: Reformas urgentes, silencio garantizado
La conclusión es clara: Uruguay carece de un sistema eficaz de rendición de cuentas en el ámbito médico. No existen mecanismos de control cruzado entre MSP, ASSE, CMU y Justicia. No hay auditorías independientes, ni bases de datos públicas, ni protocolos claros para actuar ante denuncias.
Expertos en derecho sanitario consultados propusieron varias reformas: tipificación penal de la negligencia grave, obligatoriedad de publicar los nombres de profesionales sancionados, creación de una agencia independiente de fiscalización. Ninguna ha prosperado en el Parlamento.
Mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose en el anonimato. El miedo, la vergüenza y el desamparo son las constantes. Como dijo una de las entrevistadas: «Acá el que se equivoca sigue trabajando. El que denuncia, desaparece.»
Epílogo: La urgencia de mirar de frente
Uruguay necesita con urgencia romper el pacto de silencio que protege la impunidad médica. Esta investigación no es una acusación contra la profesión, sino contra el sistema que la encubre. Los buenos médicos también están atrapados en esta red de miedo y omertà institucional.
Hasta que no se garantice justicia para las víctimas, transparencia en los procesos y sanción real a quienes violan su juramento, cada nuevo error seguirá siendo una tragedia anunciada.
