El sistema de sanciones viales en Uruguay se enfrenta a una transformación radical motivada por una realidad incontrastable: la ineficacia del actual esquema de cobro. Según supo Uruguay al día, la Cámara de Representantes se encamina a votar un proyecto de ley que modifica sustancialmente los montos de las multas de tránsito, especialmente aquellas vinculadas al exceso de velocidad. La iniciativa, que cuenta con el impulso de diversos sectores del oficialismo, busca pasar de un modelo meramente punitivo y recaudador a uno que incentive el cumplimiento de la norma y el pago en tiempo y forma, ante una morosidad que ya resulta alarmante para las arcas del Estado.
El nuevo escalafón de costos en las Multas de tránsito
La propuesta legislativa introduce una lógica de beneficios por «buen pagador». En el caso de los excesos de velocidad de hasta 20 kilómetros por hora por encima del límite permitido, el costo de la infracción se reduciría a la mitad, pasando de 5 Unidades Reajustables (UR) a tan solo 2,5 UR (aproximadamente $ 4.786), siempre que el infractor abone dentro de los primeros 90 días de notificado. Según supo Uruguay al día, esta modificación responde a una negociación directa con el Ministerio de Transporte, que exigió beneficiar a quienes regularizan sus deudas de forma inmediata.
Sin embargo, el proyecto establece un sistema de castigo a la demora: si la multa se paga entre el día 91 y el 180, el monto sube a 3,5 UR, y si se supera el semestre, el infractor deberá pagar el valor total vigente de 5 UR. Esta estructura escalonada se repite en otros rangos de velocidad, buscando que la sanción no se convierta en una deuda eterna e incobrable. En 2025, de un millón de infracciones aplicadas, apenas se cobraron poco más de 330.000, lo que demuestra el colapso de un sistema donde la gente prefiere acumular multas ante la imposibilidad de afrontar montos que resultan desproporcionados para el ingreso medio.
Tolerancia cero para faltas graves y adulteraciones
A pesar de la flexibilización en los excesos leves, el proyecto endurece la postura contra quienes intentan burlar el control tecnológico. A pedido del MTOP, se incrementará drásticamente la sanción para quienes circulen con matrículas ocultas o adulteradas, pasando de 4 UR a 15 UR. Los datos oficiales son contundentes: más de 300.000 infracciones no pudieron procesarse el año pasado debido a placas ilegibles. Lo recaudado por este concepto tendrá un destino específico: financiar obras de infraestructura vial a través de la Corporación Nacional de Desarrollo.
Creación de un fondo para educación vial
Uno de los puntos más innovadores —y que aún genera roces con la oposición— es la creación de un “Fondo de Educación en Seguridad Vial”. Este fondo se financiaría con el 10% de lo recaudado por multas de velocidad y sería administrado por el Ministerio de Transporte. Según supo Uruguay al día, el objetivo es dotar de recursos propios a la Unasev para realizar campañas masivas de concientización e instalar radares pedagógicos, terminando con la dependencia presupuestaria de Presidencia para ejecutar políticas de prevención.
La sombra de la morosidad y el fracaso del sistema
La urgencia de este proyecto radica en las cifras de 2025, donde la morosidad volvió a superar el 67%. El incumplimiento entre extranjeros es todavía más dramático, alcanzando el 96%. La rebaja de las multas de tránsito no es solo una concesión al bolsillo del ciudadano, sino un intento desesperado del Estado por recuperar la autoridad en las rutas. Un millón de sanciones que no se cobran son, en la práctica, un millón de señales de impunidad que el sistema político pretende corregir antes de que finalice el primer semestre del año.
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