El laberinto de las sociedades pantalla
Uruguay asiste a una paradoja administrativa que desafía cualquier lógica de control estatal. Mientras el sistema bancario califica como «irrecuperables» las deudas de empresas vinculadas al antiguo diario La República, diversos organismos públicos —desde el Senado hasta el Ministerio de Ambiente— siguen emitiendo cheques a favor de sociedades anónimas que operan como cáscaras vacías. Esta investigación pone al descubierto que la pauta oficial Uruguay no solo es un mecanismo de difusión de actos de gobierno, sino que en este caso se ha transformado en un respirador artificial para un ecosistema empresarial que ya fue declarado en concurso de acreedores por insolvencia.
El mecanismo es tan burdo como efectivo. Dado que la empresa original, Reg S.A., cerró sus puertas dejando un tendal de deudas laborales y tributarias, surgió una constelación de nuevas razones sociales: Walfur S.A., Diario 5 Dedos S.A.S. y Grupo Sol del Plata S.A.S. Todas ellas, a pesar de tener nombres distintos, comparten domicilios, directivos como Néstor Molina Díaz o Juan Carlos Blanco Sommaruga, y un mismo objetivo comercial: captar el dinero público bajo la marca «La República», incluso cuando el diario impreso ya no existe y sus portales web tienen una relevancia social ínfima.
El millonario desvío mediante la Pauta Oficial Uruguay
Desde el año 2022, el flujo de dinero estatal hacia estas firmas vinculadas superó los $ 4,7 millones. Lo más alarmante es que muchas de estas adjudicaciones se realizaron mientras las empresas ya enfrentaban embargos genéricos y juicios ejecutivos del propio Banco de Previsión Social (BPS) y del Banco República (BROU). Es decir, el Estado uruguayo, con una mano, demanda a estas empresas por no pagar impuestos ni salarios y, con la otra, les otorga contratos por publicidad fúnebre, suscripciones digitales y suplementos que nadie lee.
La Cámara de Senadores es uno de los ejemplos más claros de esta desidia administrativa. En sus registros oficiales de 2021 a 2025, figuran pagos recurrentes a Walfur S.A. identificada explícitamente como «La República». A pesar de que esta firma tiene una calificación de riesgo «5» (la peor en el sistema financiero), siguió recibiendo dinero incluso después de que la justicia trabara embargos sobre sus cuentas bancarias. ¿Cómo es posible que el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) mantenga como «activas» a empresas que son deudoras crónicas de los propios organismos que las contratan?
Walfur S.A. y el blindaje de la insolvencia
Esta empresa, que declaró domicilio en la calle Cerrito 673 (el mismo lugar donde operó la redacción del diario), es la pieza central del esquema. A cargo de Néstor Molina Díaz, quien fuera director del medio y hasta se reunió en su momento con el fallecido expresidente Tabaré Vázquez, Walfur S.A. logró captar $ 1,8 millones entre 2022 y 2024. Lo insólito es que el Ministerio de Ambiente le adjudicó contratos semanas después de que el BROU iniciara juicios por deudas de miles de dólares. La inercia burocrática permitió que el dinero de la pauta oficial Uruguay fluyera hacia cuentas que ya estaban bajo la lupa judicial, en lo que algunos acreedores laborales definen como un «perjuicio flagrante a la masa de trabajadores».
5 Dedos y la simulación de alcance nacional
El caso de Diario 5 Dedos S.A.S. añade un matiz de geografía creativa. Fundada en Maldonado como un diario local, la firma fue utilizada para cobrar pauta nacional de la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental capitalina. Sorprende que la Comisión Administrativa del Parlamento la haya seleccionado para publicaciones de «circulación nacional» pagándole miles de pesos, cuando sus métricas en redes sociales y su presencia en la calle son prácticamente inexistentes. Aquí, la pauta oficial Uruguay no busca impacto comunicacional, sino el sostenimiento de una estructura que, según denuncias internas, servía incluso para operativos financieros de dudosa legalidad vinculados al traspaso de fondos hacia el exterior.
Grupo Sol del Plata y las «suscripciones» al aire
La última incorporación a este entramado es Grupo Sol del Plata S.A.S., administradora del quincenario digital El Explorador. Esta firma, que comparte staff de periodistas con el actual Diario La R, ha recibido adjudicaciones por $ 1,4 millones. El dato más cínico es la contratación de «suscripciones» por parte del Ministerio de Educación y Cultura por contenidos que son gratuitos en la web. Este pago por lo gratuito es la evidencia máxima de que la pauta se otorga no por el valor del producto periodístico, sino como un subsidio encubierto bajo una identidad corporativa que el propio Estado identifica como «ex-República».
La sombra de los trabajadores estafados
Detrás de estos $ 4,7 millones hay una realidad humana devastadora. Mientras los directivos de estas S.A.S. viven en apartamentos de Buceo y siguen firmando contratos con ministerios, decenas de exempleados de La República siguen esperando el cobro de sus liquidaciones y salarios atrasados. El concurso de acreedores de la empresa original fue declarado desierto porque «no había activos», mientras los activos reales (el flujo de dinero de la pauta oficial Uruguay) eran desviados sistemáticamente hacia las nuevas empresas pantalla. Es un vaciamiento empresarial ejecutado con la complicidad, por acción u omisión, de las oficinas de compras estatales.
El fracaso de los controles del RUPE y el sistema centralizado
Este escándalo pone en tela de juicio la integridad del Registro Único de Proveedores del Estado. Si una empresa con calificación crediticia de «irrecuperable» y con múltiples embargos de organismos públicos puede seguir figurando como proveedora apta, el sistema de transparencia uruguayo tiene un agujero negro de dimensiones colosales. La discrecionalidad en la asignación de la pauta publicitaria permite que el «amiguismo» o la inercia institucional financien a quienes defraudan al fisco, generando una competencia desleal contra los medios de prensa que cumplen con sus obligaciones legales.
El Estado como financista del vaciamiento
En conclusión, la trama descubierta alrededor del diario La República y sus empresas satélites es el síntoma de una enfermedad más profunda en la gestión de los recursos públicos. Uruguay no puede permitirse que la pauta oficial sea utilizada para sostener a empresarios insolventes mientras los trabajadores quedan desamparados. La necesidad de una ley de publicidad oficial que establezca criterios claros, transparentes y, sobre todo, éticos para la adjudicación de fondos es hoy más urgente que nunca. Mientras tanto, cada peso que el Estado deposita en las cuentas de estas firmas embargadas es un peso que se le roba a la transparencia y a la justicia social.
Urge una auditoría profunda sobre quiénes y por qué autorizaron estos pagos. La justicia ya ha hablado mediante los embargos; ahora es tiempo de que la administración política explique por qué decidió ignorar las alertas de sus propios bancos y cajas de previsión para seguir alimentando una estafa que se disfraza de periodismo. El caso de la pauta oficial Uruguay y el fantasma de La República es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros del financiamiento público a la prensa en la última década.
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