Argentina busca proteger información confidencial
Argentina ha presentado un escrito ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en un intento por desestimar el pedido de los demandantes del caso YPF. Estos buscan utilizar documentación confidencial obtenida durante el juicio llevado a cabo en Estados Unidos por la expropiación de la empresa YPF, en un nuevo arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Fallo a favor de Argentina y sus implicaciones
El reciente fallo a favor de Argentina por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha dado un giro al caso. Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, han anunciado su intención de avanzar con una presentación ante el CIADI. Sin embargo, los abogados de Argentina han respondido rápidamente, presentando una carta a la jueza Preska para recordar que la información confidencial está protegida por un acuerdo vigente. Este acuerdo limita su uso exclusivamente al litigio en Estados Unidos.
Argumentos de la defensa argentina
En el escrito, fechado el 24 de abril, el estudio Sullivan & Cromwell, en representación de Argentina, advirtió que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes. Según los abogados, la orden prohíbe expresamente la medida extraordinaria que los demandantes buscan. El material de discovery, explicaron, puede ser utilizado únicamente para la tramitación o defensa de estas acciones y para ningún otro propósito, incluyendo su uso en otros procesos legales.
El equipo legal argentino cuestionó que los fondos pretenden modificar esta cláusula para poder utilizar en su reclamo ante el CIADI la evidencia recolectada en el proceso en Nueva York. La defensa argumentó que no hay fundamentos que justifiquen alterar las reglas actuales y que el pedido sería prematuro, ya que los demandantes aún no han iniciado formalmente el arbitraje ante el CIADI.
El fallo del 27 de marzo por parte de la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, que revocó una sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra Argentina, ha sido un punto clave en este proceso. Tras esta decisión, los demandantes han anticipado su intención de avanzar con una presentación ante el CIADI, un organismo que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros en el marco de tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, sus laudos no son de ejecución directa y quienes obtienen un fallo favorable deben recurrir a la Justicia, generalmente de Estados Unidos, para su reconocimiento y eventual cobro.
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