Federica Conti
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Descuento del Imesi: lo que debería ser una herramienta de equilibrio para los departamentos de frontera se ha transformado, de la noche a la mañana, en un nuevo botín recaudatorio para el Estado. La reciente resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) de recortar el beneficio fiscal en los combustibles ha caído como un balde de agua fría en el litoral uruguayo. Al reducir el beneficio del 33% al 28% para las estaciones cercanas a Argentina, el gobierno no solo ignora la realidad técnica de los precios, sino que directamente le suelta la mano a un sector comercial que ya viene golpeado por la diferencia cambiaria y la falta de políticas de fondo.
Este hachazo al descuento del Imesi es visto por legisladores y gremiales empresariales como una «decisión para hacer caja» en un momento de fragilidad económica extrema. Para ciudades como Salto y Paysandú, donde el combustible funciona como un «precio ancla» que define la competitividad de toda la economía local, perder cinco puntos de beneficio es, lisa y llanamente, un mazazo. La medida parece responder más a una urgencia fiscal del Ministerio de Economía que a una estrategia de desarrollo territorial, castigando a quienes viven y producen en la periferia del país.
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El litoral contra las cuerdas por el descuento del Imesi
El diputado nacionalista Fermín Farinha fue uno de los más duros al calificar la medida de «discriminatoria». Según el legislador sanducero, el recorte al descuento del Imesi no tiene sustento en los informes técnicos que sugerían, por el contrario, mantener o incluso incrementar los porcentajes para lograr la paridad efectiva con los precios argentinos. «No fue un error técnico: fue una decisión para recaudar más», sentenció Farinha, dejando en evidencia una interna en la coalición donde los representantes del interior sienten que el centro del país les da la espalda una vez más.
La reducción del descuento del Imesi se suma a una serie de postergaciones que sufre el litoral, como la falta de aplicación efectiva de la Ley de Fronteras en la región. Mientras los comerciantes ven cómo se achican sus márgenes y los usuarios pagan una nafta cada vez más cara, el Estado se asegura un flujo de fondos que extrae directamente del bolsillo de los litoraleños. Es una política que, lejos de proteger el mercado interno, fomenta indirectamente que el consumo se fugue hacia el otro lado del puente, destruyendo puestos de trabajo locales en el proceso.
Salto y la crisis que el descuento del Imesi ignora
En el departamento de Salto, la situación es todavía más dramática. Con índices de desempleo que superan largamente la media nacional, el recorte a la rebaja del Imesi llega en el peor momento posible. El diputado colorado Horacio de Brum recordó que la región arrastra problemas estructurales desde hace años, con miles de trabajadores en seguros de paro especiales que todavía no han cobrado. Para De Brum, no se trata de una cuestión de colores políticos, sino de una falta de sensibilidad histórica hacia los problemas de Salto que este recorte impositivo termina de confirmar.
La Junta Departamental de Salto no se quedó atrás y aprobó por abrumadora mayoría una minuta de comunicación expresando su «profunda preocupación» por la decisión de la DGI sobre la reducción del Imesi. Los ediles señalan que este tipo de políticas de «recortes sucesivos» genera un incremento real en el precio final del combustible que se traslada a toda la cadena de costos. Es una reacción en cadena: sube la nafta, suben los fletes, suben los productos básicos y el pequeño comercio del barrio termina bajando la persiana porque ya no puede competir con los precios de la vecina orilla.
Una lógica fiscalista que asfixia al interior
Lo más alarmante del caso es la forma en que se instrumentó la quita al descuento del Imesi. Sin previo aviso, sin diálogo con los centros comerciales y sin considerar el impacto social, la DGI publicó una resolución que borra de un plumazo los esfuerzos por mantener el consumo en territorio uruguayo. Se trata de una lógica centralista que ve números en una planilla pero olvida que detrás de cada estación de servicio y cada comercio hay familias que dependen de esa competitividad mínima que otorgaba el beneficio fiscal.
La negativa del oficialismo a discutir el tema en la Comisión Permanente, escudándose en cuestiones reglamentarias, solo aumentó el malestar en el litoral. El descuento del Imesi no es un privilegio, es una necesidad de supervivencia para ciudades que conviven con una frontera porosa y una asimetría económica brutal. Hoy, el sentimiento en el norte es de traición: mientras se anuncian grandes proyectos en la capital, al litoral se le quitan las pocas herramientas que tenía para defender su economía local.
¿Hasta cuándo el Estado central seguirá utilizando el descuento del Imesi como una perilla de ajuste fiscal, ignorando que cada punto recortado es un paso más hacia el vaciamiento comercial del interior del país?