Federica Conti
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Una espera eterna en el barrio Unión
La paciencia de los vecinos montevideanos tiene un límite, pero en el barrio Unión, ese límite se cruzó hace ya más de un año. José Luis, un vecino de la zona, convive con una baliza de señalización en la puerta de su casa desde hace quince meses, producto de un reclamo por veredas rotas en Montevideo que parece haber caído en un agujero negro administrativo. Lo que comenzó como un pequeño hundimiento en la acera por una rotura subterránea de saneamiento, terminó convirtiéndose en un obstáculo permanente que dificulta el tránsito peatonal y la salida diaria de su propio hogar.
El problema se originó el 4 de noviembre de 2024, cuando la cuadrilla municipal acudió al lugar tras la denuncia del afectado. En aquel momento, la solución inmediata fue colocar la baliza naranja para advertir sobre el peligro de hundimiento, una medida que debía ser temporal mientras se coordinaba la reparación definitiva por parte de la comuna. Sin embargo, los meses pasaron y el dispositivo de seguridad se mimetizó con el paisaje urbano, sin que ningún operario regresara para picar el hormigón o sellar la pérdida subterránea que carcome la vereda desde abajo.
El insólito costo del alquiler municipal por veredas rotas en Montevideo
Uno de los puntos que genera más indignación en José Luis es la falta de criterio económico en la gestión municipal. El vecino señala, con una lógica aplastante, que el costo diario del alquiler de la baliza durante casi 500 días supera con creces lo que le costaría a la Intendencia de Montevideo enviar a una cuadrilla para realizar la obra definitiva. Se trata de un gasto de recursos públicos que no se traduce en soluciones reales para el contribuyente, sino en un parche eterno que termina costando más caro que la propia infraestructura que se intenta señalizar.
Ante la falta de avances, el afectado decidió reiterar su pedido el 22 de julio de 2025, esperando que la actualización del caso agilizara los tiempos de respuesta. La contestación burocrática fue la de siempre: se le asignó un nuevo número de expediente, anulando el anterior, pero el resultado fue el mismo silencio administrativo de siempre. Esta práctica de «renovar» los números de pedido es percibida por muchos ciudadanos como una forma de maquillar las estadísticas de demora institucional, mientras los problemas de fondo siguen allí, bloqueando el paso y generando riesgos de caídas en plena vía pública.
La desidia que afecta la infraestructura barrial
La situación de José Luis no es un caso aislado, pero la duración del conflicto lo vuelve particularmente vergonzoso para las autoridades capitalinas. El vecino comenta que, más allá de la incomodidad de tener un fierro y una luz parpadeante en la puerta, la rotura interna de saneamiento sigue avanzando de manera silenciosa por debajo de la superficie. Lo que hoy es una baliza sobre un piso hundido, mañana podría transformarse en un socavón que afecte la cimentación de la vivienda o cause lesiones graves a los transeúntes distraídos que circulan diariamente por la Unión.
La comunidad capitalina se enfrenta constantemente a estas «soluciones provisorias» que se vuelven definitivas por la inacción estatal. El reclamo de José Luis es el grito de muchos montevideanos que pagan sus impuestos al día pero deben esperar calendarios enteros para que la administración cumpla con sus obligaciones básicas de mantenimiento urbano. La burocracia estatal parece haber olvidado que detrás de cada número de expediente hay un ciudadano que no puede usar su vereda con normalidad y que ve cómo el presupuesto de la ciudad se esfuma en alquileres de señalización innecesarios en lugar de materiales de construcción.
¿Cuántas balizas más tienen que «echar raíces» en nuestras aceras para que la gestión municipal priorice la ejecución de obras sobre el simple papeleo burocrático?