Giuseppe Rinaldi
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Recaudación SUCIVE bajo la lupa ciudadana
La recaudación SUCIVE volvió a quedar en el centro de la discusión pública tras la difusión de cifras oficiales que confirman ingresos récord por concepto de patente de rodados. Al 18 de enero de 2026, el sistema acumuló 947.909 pagos por un total superior a $10.300 millones, una cifra impactante para cualquier análisis fiscal. Sin embargo, el contraste con el estado de calles y rutas en todo el país resulta tan evidente como incómodo.
Para miles de conductores, el problema no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe a cambio. Circular por Montevideo o por ciudades del interior implica esquivar pozos, soportar asfaltos parchados y asumir daños constantes en vehículos. La sensación dominante es que el cobro de tributos del SUCIVE crece, pero el retorno en infraestructura no acompaña.
La recaudación SUCIVE crece mientras el pavimento urbano se degrada.
Recaudación SUCIVE y el deterioro de las calles
Los datos muestran que más de $6.000 millones ingresaron a través de agentes de cobranza, otros $3.800 millones mediante pagos en línea y más de $340 millones por débito automático. Es decir, el sistema funciona con una eficiencia notable para cobrar. Lo que no aparece con la misma claridad es la trazabilidad del dinero.
Las intendencias departamentales sostienen que los fondos se destinan a múltiples rubros, no exclusivamente al mantenimiento vial. El Congreso de Intendentes respalda ese criterio, mientras el SUCIVE se limita a administrar el cobro. El resultado es un esquema donde la responsabilidad se diluye y el contribuyente queda sin respuestas concretas sobre el destino de la percepción de impuestos de patente.
Un impuesto que perdió razonabilidad
Con el paso del tiempo, la patente de rodados dejó de percibirse como un tributo asociado al uso de la infraestructura. Hoy funciona, para muchos hogares, como un impuesto rígido, desvinculado del valor real del vehículo y del contexto económico. Incluso cuando el auto se deprecia o queda en desuso, el monto a pagar no baja en la misma proporción.
Esta lógica genera una doble carga para el ciudadano: paga la patente y luego afronta los costos de reparación por circular en calles deterioradas. La captación de recursos del sistema, lejos de aliviar esa situación, parece profundizar el malestar social al no mostrar resultados visibles.
Falta de transparencia y control ciudadano
Uno de los puntos más cuestionados es la escasa información pública accesible. No existen informes claros, detallados y fácilmente comprensibles que permitan saber cuánto de la recaudación vuelve efectivamente a obras viales. Tampoco hay mecanismos ágiles para que el contribuyente controle o cuestione el uso de los fondos.
Mientras tanto, el sistema exige puntualidad absoluta en los pagos y aplica recargos automáticos ante cualquier atraso. La asimetría es evidente: rigor para cobrar, flexibilidad para explicar. En ese contexto, la plata que entra por el SUCIVE pasa de ser una herramienta de gestión a percibirse como una caja cerrada.
Recaudación SUCIVE y confianza institucional
La discusión no es menor. La confianza en las instituciones se construye con coherencia entre lo que se cobra y lo que se devuelve en servicios. Cuando esa ecuación falla, el descrédito crece. No se trata de una crítica ideológica, sino de una demanda básica de transparencia y eficiencia.
Si el sistema recauda cifras históricas, resulta razonable exigir calles transitables, planificación a largo plazo y rendiciones públicas claras. De lo contrario, la sensación de abuso se instala y el vínculo entre Estado y ciudadano se resiente.
La recaudación SUCIVE seguirá siendo un tema sensible mientras no exista una explicación convincente sobre su destino real. ¿Puede un sistema que cobra tanto permitirse no mostrar resultados proporcionales en la infraestructura que todos usamos a diario?