Uruguay ya no es un país seguro: el relato se cayó, la calle manda

La mentira se agotó. Uruguay ya no es el país tranquilo que los políticos siguen vendiendo en conferencias de prensa. La seguridad pública está en crisis. La violencia se volvió rutina. El miedo dejó de ser una excepción. Y mientras tanto, el Estado mira para otro lado, repite slogans y maquilla cifras.

Las cifras que no quieren mostrar

El Ministerio del Interior insiste en que los homicidios bajaron un 1,6% en el primer semestre de 2025. Que los hurtos cayeron un 8,5%. Que las rapiñas descendieron un 15%. Pero en los barrios, en las rutas, en los comercios, nadie lo nota. Porque la estadística no tapa la sangre. Porque la percepción no se manipula con PowerPoint.

La gente no necesita informes: vive la inseguridad todos los días. Vive con rejas, alarmas, cámaras, grupos de WhatsApp, miedo a salir de noche, miedo a volver tarde, miedo a que sus hijos no regresen. Vive con la certeza de que si algo pasa, nadie va a responder.

Policía sin respaldo, delincuencia sin freno

Los policías están solos. Mal pagos, mal equipados, mal entrenados. Patrullan con autos rotos, chalecos vencidos y órdenes contradictorias. Se enfrentan a bandas armadas con logística de guerra, mientras el Ministerio les exige resultados sin darles herramientas.

Y cuando actúan, los exponen. Los filman, los juzgan, los abandonan. El mensaje es claro: si sos policía, cuidate solo. Si sos delincuente, tenés margen. Porque el sistema está diseñado para no incomodar al crimen, para no tocar intereses, para no asumir costos políticos.

El narco ya no es visitante: es dueño

El crimen organizado no está llegando: ya llegó. Ya se instaló. Ya compró terrenos, voluntades y estructuras. Ya lava dinero en rubros legales. Ya recluta menores en barrios olvidados. Ya impone reglas donde el Estado se retiró.

Los ajustes de cuentas son semanales. Las armas circulan sin control. Las fronteras son coladores. Y los puertos, una autopista para el tráfico. Pero nadie lo dice. Nadie lo enfrenta. Porque enfrentarlo implica admitir que el relato de país seguro es una farsa.

Política de seguridad: marketing sin resultados

Cada gobierno presenta su “plan integral de seguridad”. Cambian los nombres, los logos, los uniformes. Pero el fondo es el mismo: improvisación, parches, anuncios vacíos. Se invierte en cámaras, en apps, en patrulleros con GPS. Pero no se invierte en inteligencia criminal, en justicia eficiente, en prevención real.

La seguridad se usa como herramienta electoral. Se promete en campaña, se olvida en el poder. Y cuando la realidad golpea, se responde con estadísticas, no con soluciones.

La justicia no llega, la impunidad manda

Denunciar es un acto de fe. La mayoría de los delitos no se denuncian porque la gente sabe que no pasa nada. Porque el sistema judicial es lento, burocrático y desconectado. Porque los fiscales están saturados. Porque las víctimas terminan más expuestas que los agresores.

La tasa de resolución de homicidios sigue por debajo del 50%. En delitos sexuales, es aún peor. La impunidad no es una falla: es una constante. Y eso alimenta el círculo. Porque si nadie paga, todo vale.

El silencio institucional es parte del problema

Las autoridades hablan cuando no queda otra. Cuando hay un video viral, una muerte mediática, una marcha masiva. El resto del tiempo, callan. O peor: niegan. Minimizaron el avance del narco. Negaron la penetración del crimen organizado. Ignoraron las alertas de los sindicatos policiales. Y ahora, cuando el caos es evidente, siguen repitiendo que “estamos mejor”.

No estamos mejor. Estamos peor. Y lo más grave es que ya ni siquiera se finge voluntad de cambio.

Seguridad para pocos, miedo para todos

La seguridad se privatizó. Quien puede, paga: alarmas, cámaras, guardias, barrios cerrados. Quien no puede, se resigna. Se encierra. Se arma. Se organiza con vecinos. Se adapta a vivir con miedo.

El Estado, mientras tanto, se retira. Deja zonas sin patrullaje. Deja barrios sin presencia. Deja víctimas sin respuesta. Y deja a los ciudadanos librados a su suerte.

¿Y la prevención?

No existe. No hay políticas serias de inclusión, ni de rehabilitación, ni de contención. No hay inversión en educación, ni en salud mental, ni en oportunidades reales. Solo hay represión selectiva y abandono estructural.

El resultado es predecible: más violencia, más exclusión, más desesperación. Y un Estado que solo aparece para contar muertos o justificar fracasos.

¿Qué se necesita?

Una reforma profunda. No cosmética. No electoral. Una transformación real del sistema de seguridad y justicia. Con inversión seria. Con planificación a largo plazo. Con participación ciudadana. Con voluntad política de enfrentar al crimen, aunque duela.

Se necesita inteligencia criminal, justicia rápida, policías respaldados, barrios integrados, fronteras controladas, puertos auditados. Se necesita Estado. Presente, firme y transparente.

Conclusión: el tiempo se acabó

Uruguay ya no es un país seguro. Y seguir repitiendo lo contrario es una forma de complicidad. La violencia crece. La impunidad se consolida. Y la ciudadanía está sola.

No alcanza con bajar un 1% los homicidios si la gente vive con miedo. No alcanza con mostrar patrulleros nuevos si los barrios siguen dominados por el narco. No alcanza con discursos si no hay acción.

El tiempo de los relatos terminó. Es hora de enfrentar la realidad. Con coraje, con verdad y con decisiones. Porque si no se actúa ahora, lo que viene será peor. Y ya no habrá relato que lo tape.