En la política uruguaya, hay nombres que parecen no perder vigencia, incluso después de haber dejado sus cargos. El de Jorge Díaz, el exfiscal de Corte, es uno de ellos. Esta vez, fue la senadora Graciela Bianchi quien volvió a agitar las aguas, lanzando una acusación directa y pesada: para la legisladora, gran parte de las dificultades que hoy atraviesa el gobierno tienen un arquitecto intelectual en el pasado reciente del Ministerio Público.
«Es responsable de la mayor parte de lo que le pasa al gobierno», sentenció Bianchi en una entrevista reciente, reafirmando una tesis que ha defendido en varias oportunidades: la estructura y el funcionamiento que dejó la gestión de Díaz en la Fiscalía han dejado «atado de manos» al actual oficialismo.
¿Un «legado» incómodo?
La crítica de Bianchi no es nueva, pero sí es insistente. El centro de su argumento apunta al diseño de la Fiscalía General de la Nación tras la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Según la senadora, la arquitectura institucional que se montó durante los años de Díaz no fue neutral, sino que dejó «minas antipersona» que hoy afectan el desarrollo de la gestión de gobierno.
Para el oficialismo, la Fiscalía ha sido, en reiteradas ocasiones, un contrapoder que ha complicado la agenda de seguridad y otras áreas sensibles. Bianchi, que no suele medir sus palabras a la hora de defender su postura, sostiene que Díaz construyó una estructura de poder «a su medida» que hoy, incluso con él fuera del cargo, sigue ejerciendo una influencia determinante sobre el sistema judicial y la política criminal.
El debate sobre la independencia del Poder Judicial
Del otro lado, las voces críticas a Bianchi señalan que sus palabras son un ataque a la independencia técnica de la Justicia. «Cuando el gobierno no puede procesar su agenda judicial, busca un chivo expiatorio», responden desde la vereda de enfrente. Para los defensores de la gestión del exfiscal, el trabajo de Díaz fue estrictamente técnico y los problemas actuales del gobierno no se explican por la estructura de la Fiscalía, sino por su propia gestión.
El punto de fricción es, en realidad, mucho más profundo. Se trata de la vieja discusión sobre el control político de los organismos autónomos. Para una parte del Partido Nacional y sus aliados, la Fiscalía —bajo la administración Díaz— se politizó; para el Frente Amplio y sectores judiciales, lo que está haciendo Bianchi es un intento de presionar al sistema de justicia para que se alinee con las necesidades del gobierno de turno.
Las consecuencias de un enfrentamiento sin tregua
Lo que resulta evidente es que este tipo de declaraciones marcan el clima del Parlamento. No se trata solo de un reproche a un exfuncionario, sino de una estrategia de comunicación política que busca explicarle al electorado por qué ciertas promesas de campaña o metas de seguridad pública no han avanzado como se esperaba.
Bianchi sabe que ponerle nombre y apellido a los problemas genera adhesión en su base electoral. Al señalar a Díaz como «responsable», la senadora traslada la responsabilidad de las fallas de gestión hacia un actor externo, convirtiendo la gestión judicial en un terreno de batalla política permanente.
Mientras tanto, el debate de fondo —sobre cómo debería funcionar realmente nuestra Fiscalía para ser eficiente y transparente— queda sepultado bajo el ruido de la grieta. El país sigue mirando cómo los actores políticos se disputan el control de los organismos de justicia, olvidando que la confianza en estas instituciones es, a la larga, el activo más valioso que tiene cualquier democracia.
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