Escuche la entrevista con Carolina Sotelo

Escándalo en la Caja: «Se pasaron la ley por el moño»

La denuncia de Carolina Sotelo, abogada y vocera del grupo «Marcha por los profesionales y sus derechos», cayó como una bomba en el ambiente de la seguridad social uruguaya. Con una honestidad brutal y sin filtros, Sotelo desnudó una maniobra del directorio saliente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que decidió votarse salarios de 131.520 pesos mensuales. Lo grave, según la profesional, es que la Ley 20.130 establece con claridad meridiana que dichos cargos deben ser honorarios, lo que convierte esta resolución en un acto de flagrante ilegalidad.

En diálogo directo y punzante, la acusación de Carolina Sotelo apunta a que este «manotazo» se dio en una comisión cerrada, sin actas públicas y con una «malicia total». Para la abogada, no se trata de una interpretación errónea de la norma, sino de una violación deliberada del ordenamiento jurídico. «Parece que hay gente que no utiliza la cabecita para pensar; lo que hicieron fue pasarse por el moño una ley vigente», afirmó con la vehemencia de quien conoce los pasillos de la facultad y el sacrificio de los aportantes de a pie.

El reclamo de Carolina Sotelo no solo se queda en la queja, sino que identifica nombres y apellidos, señalando al arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti como el impulsor de la medida. Lo paradójico y «macabro» del asunto es que Rodríguez Sanguinetti no solo integra el directorio que se va, sino que también fue electo para el próximo, por lo que su voto lo beneficia directamente en el futuro inmediato. Esta situación, según Sotelo, es una falta total de ética en una institución que se encuentra técnicamente fundida y que sobrevive gracias al esfuerzo asfixiante de sus afiliados.

Violación del artículo 289 de la ley 20.130

El centro de la queja presentada por Carolina Sotelo se basa en el sustento legal, o mejor dicho, en la falta de él. El artículo 289 de la Ley 20.130 es tajante al definir la naturaleza honoraria de los cargos en el directorio. «No decidieron interpretarla, decidieron olvidarse de que existe», disparó la abogada. Para Sotelo, si alguno de los directores consideraba injusto trabajar sin sueldo, simplemente no debería haberse presentado a las elecciones del pasado 10 de diciembre, en lugar de intentar forzar la mano una vez obtenidos los votos.

La denunciamiento de la Dra. Carolina Sotelo resalta que esta resolución es un insulto para el profesional universitario que en enero vio cómo su aporte subió al 18,5%. Mientras al jubilado se le aplica una «prestación pecuniaria» —que Sotelo define como un impuesto con nombre elegante—, los jerarcas se aseguran un ingreso que, multiplicado por los siete miembros y los cuatro años de gestión, representa una erogación millonaria para una caja insolvente. «¿De dónde sale la plata? De los riñones de los profesionales que aportan con sacrificio», sentenció.

Este escenario ha llevado a que el grupo liderado por la doctora Sotelo y el doctor Pablo de Barros considere seriamente la judicialización del conflicto. La Impugnación de Sotelo advierte que, de no revocarse la resolución por el propio directorio o por el Poder Ejecutivo, el camino será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Para la abogada, la «total mala fe» con la que se actuó al votar en secreto demuestra que los directores sabían perfectamente que estaban cometiendo una ilegalidad que no resiste el menor análisis jurídico serio.

Sustento legal de la denuncia de Carolina Sotelo

Otro punto neurálgico en la denuncia de Carolina Sotelo es el daño que esta clase de noticias le hace a la imagen del profesional universitario ante la sociedad. Sotelo critica duramente al sistema político por crear una brecha donde parece que los profesionales son todos millonarios, cuando la realidad muestra a trabajadores que apenas pueden pagar sus cuentas. «Yo soy una profesional de a pie, hija de un almacenero y una modista; no me digan doctora, díganme Carolina o señora, que me da más orgullo», comentó para humanizar un reclamo que trasciende lo corporativo.

La declaración de la profesional también salpica al Poder Ejecutivo, cuestionando por qué la comisión de expertos que trata el tema de la Caja no estaba al tanto de este movimiento. Aunque el ministro Gabriel Oddone manifestó su preocupación, Sotelo desconfía de las reacciones tardías que solo ocurren cuando «la ciudadanía está furiosa. Según su percepción, una vez que los políticos llegan al poder se olvidan de las promesas y se dedican a acomodar a quienes financiaron sus campañas, dejando a la deriva a quienes realmente sostienen el sistema con su trabajo diario.

Finalmente, la denuncia de Carolina Sotelo culmina con un llamado a la acción y a la movilización. El próximo jueves, los profesionales están convocados a manifestarse frente a la sede de la Caja para hacerle saber al directorio que no aceptarán este atropello. Sotelo, que se define como una «bolsera» (vocera) de los derechos de sus colegas, dejó claro que no tiene aspiraciones de cargos públicos, pero que no piensa callarse ante lo que considera un comportamiento delictivo. «El que viola la ley es un delincuente, acá y en la China», cerró de forma tajante.

¿Es posible que una institución en quiebra recupere la confianza de sus aportantes cuando sus líderes priorizan su propio bolsillo por encima del marco legal vigente?