El saqueo de la salud pública: la auditoría de ASSE que destapa la olla podrida

El Uruguay de las instituciones sólidas parece haberse tomado un descanso en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. La reciente auditoría de ASSE, impulsada por la gestión de Álvaro Danza, ha puesto sobre la mesa un panorama que oscila entre la negligencia grosera y el beneficio descarado a empresas privadas. Bajo la lupa de los auditores, el servicio SAME 105 y la contratación de traslados médicos han quedado expuestos como un agujero negro donde la trazabilidad del dinero público brilla por su ausencia. Es, lisa y llanamente, una bofetada al contribuyente que espera una ambulancia mientras el sistema le paga a privados por viajes que ni siquiera se hicieron.

Uno de los hallazgos más irritantes de esta auditoría financiera ASSE es la relación con la empresa ITHG (hoy UTAM). Este proveedor, que nació al calor de la pandemia, logró concentrar el 96,5% del gasto de SAME 105 entre 2022 y 2024. Lo que es peor: se detectaron pagos por traslados que figuraban como «cancelados» en el sistema, pero que el Estado abonó religiosamente sin pedir explicaciones. El descontrol llegó a tal punto que se registraron desvíos del 672% de la pauta correspondiente en 2024, una cifra que desafía cualquier lógica contable mínima y que pone en jaque la honestidad del manejo de los recursos.

El despilfarro no se detiene en los móviles. El gasto devengado en estudios médicos saltó un 4.160% entre 2021 y 2022, un incremento que no se explica únicamente por la salida de la pandemia. El control de gestión ASSE señala que esta explosión de gasto se debe, en gran medida, a la inclusión de servicios de traslados dentro del rubro de «estudios», una desprolijidad administrativa que huele a maniobra para ocultar el verdadero costo de las tercerizaciones. Mientras tanto, en Bella Unión, el prestador público llega a pagar la friolera de 280.000 pesos por cada traslado especializado a Montevideo, un precio que parece más de un jet privado que de una ambulancia.

El festín de las tercerizaciones bajo la lupa de la auditoría de ASSE

La investigación profundiza en los convenios firmados en 2022 con el Casmu y el Círculo Católico para la compra de camas de CTI y estudios. Según la fiscalización de recursos públicos, estos acuerdos se realizaron sin llamados a precios previos y violando sistemáticamente el Tocaf, esa biblia normativa que debería regir las compras del Estado. No hubo competencia ni transparencia; simplemente se eligió a dedo dónde poner la plata de todos los uruguayos. En lugares como el Hospital de Paysandú, la situación es calcada: compras directas, sin licitaciones y con una ausencia total de controles sobre la evolución de los pacientes internados en sanatorios privados.

En el Hospital de Maldonado, la desidia es histórica. La evaluación presupuestal ASSE realizó un seguimiento de observaciones que venían desde 2020 y se encontró con que el 65% de las recomendaciones nunca se implementaron. Se siguen contratando tomografías a precios diferentes según la mutualista y, lo más insólito, las autorizaciones se dan de forma «verbal», sin una rúbrica que respalde el gasto. Es la gestión del «boliche» aplicada a la salud de la población, donde el dinero fluye por canales informales mientras las carencias en los centros públicos siguen siendo la norma.

Un modelo de gestión que asfixia al prestador público

El informe de casi un centenar de páginas describe cómo se incentivó el uso de médicos tercerizados en detrimento de los recursos propios. En el Hospital de Treinta y Tres, por ejemplo, mientras las intervenciones con staff de ASSE disminuían, la contratación de servicios externos bajo el convenio con Casmu se disparó un 237%. La auditoría de ASSE deja claro que la estrategia no fue fortalecer lo público, sino alimentar a los prestadores privados, concentrando el 29% del gasto total a proveedores en apenas tres instituciones.

Este «adecuado ambiente de control» que la auditoría dice que «no existe» es, en realidad, un sistema aceitado para el despilfarro. Resulta difícil creer que semejantes niveles de sobrefacturación y falta de planificación hayan pasado inadvertidos para las jerarquías anteriores del Frente Amplio o de la coalición gobernante en su momento. La auditoría de ASSE ahora está en manos del directorio, y las derivaciones judiciales parecen ser el único camino lógico si se quiere rescatar algo de dignidad en la gestión de la salud pública.