Policía federal alcoholizado: ese es el rótulo que hoy genera una indignación total en Argentina y que repercute con fuerza en toda la región. El pasado sábado, sobre la ruta provincial 6 en la localidad de Open Door, un efectivo de la fuerza de seguridad protagonizó un siniestro fatal que terminó con la vida de Vanesa Escalante. El oficial, identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, circulaba con un registro de alcohol en sangre que, aunque parezca escaso, fue suficiente para que perdiera el dominio de su Honda Civic y se cruzara de senda de forma temeraria.
La violencia del impacto frontal en esta zona de la provincia de Buenos Aires fue devastadora para la familia Escalante. Vanesa, que viajaba junto a su pareja y su hija de 15 años, murió en el acto, mientras que sus seres queridos tuvieron que ser rescatados de entre los fierros por los bomberos voluntarios. A pesar de la gravedad del episodio y del agravante que supone el rol del involucrado, la justicia del país vecino tomó una decisión que dejó a todos con un sabor amargo: el juez Luis Marcelo Giacoia ordenó su inmediata libertad.
El polémico fallo judicial en Argentina
Para el magistrado actuante, mantener tras las rejas al imputado mientras se sustancia el proceso excede los límites legales y resulta «desproporcionado». El argumento del juez es que el delito de homicidio culposo permite que el acusado espere la sentencia en su casa si no se demuestra un riesgo de fuga inminente. Sin embargo, para los allegados a la víctima, que el policía federal alcoholizado recupere la libertad apenas tres días después del choque es una señal de impunidad difícil de digerir.

La fiscal Mariana Suárez había solicitado que la aprehensión se transformara en detención formal dada la negligencia manifiesta del conductor al volante. No obstante, el pedido fue rechazado y el efectivo salió caminando del juzgado en Luján, con la única obligación de fijar un domicilio estable para futuras notificaciones. Se le retiró la licencia de conducir, pero eso no calma el dolor de un hogar destruido en una ruta argentina por la irresponsabilidad de un funcionario que debía proteger a la ciudadanía.
La reacción de la PFA ante el hecho
Desde la fuerza de seguridad confirmaron que el oficial, quien se desempeñaba como jefe de unidad en Santa Fe, fue pasado a disponibilidad de inmediato. Se le inició un sumario interno para juzgar su conducta profesional, pero el daño institucional ya es total. El hecho de que un jerarca sea el protagonista de un caso de policía federal alcoholizado rompe cualquier contrato de confianza con la sociedad. La indignación crece al ver que quienes portan el uniforme terminan siendo los causantes de tragedias que se podrían haber evitado con un mínimo de conciencia.
En el video captado por las cámaras de seguridad se observa cómo el auto cruza la zanja divisoria sin motivo aparente, impactando de lleno contra el Chevrolet Prisma de las víctimas. No hubo maniobras de frenado ni complicaciones en el tránsito en ese momento; solo la impericia de un hombre que decidió manejar en condiciones no aptas. Este caso reabre el debate sobre la severidad de las penas para los uniformados que ignoran las normas básicas de seguridad vial, poniendo en riesgo la vida de inocentes.
Impunidad que duele en la región
Mientras el imputado descansa en su domicilio, los familiares de Vanesa intentan procesar el duelo tras una pérdida irreparable. La hija de la víctima y su padre sobrevivieron de milagro a la embestida, pero las secuelas psicológicas y físicas los acompañarán por siempre. Muchos se preguntan si el rango jerárquico del conductor pesó a la hora de dictar la libertad, a pesar de las pruebas irrefutables presentadas por la fiscalía. La figura del policía federal alcoholizado hoy representa el fracaso de un sistema judicial que parece ser más garantista con el victimario.
¿Hasta cuándo la justicia permitirá que la investidura de un funcionario sea un escudo contra la prisión efectiva tras una muerte evitable en la ruta?
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