Polémica en el Ministerio de Defensa por el ascenso de una abogada vinculada al comandante de la Armada

El clima en los pasillos del Ministerio de Defensa Nacional está lejos de ser sereno. Tras haber superado una interpelación por el caso del astillero Cardama, la ministra Sandra Lazo se enfrenta ahora a una nueva serie de cuestionamientos que apuntan directamente a la cúpula de la marina. El senador nacionalista Sergio Botana puso el grito en el cielo al denunciar lo que considera un «beneficio excepcional» para la abogada que redactó el informe jurídico que permitió la asunción de José Luis Elizondo como nuevo comandante de la Armada.

Según la denuncia presentada en el Parlamento, la jefa de la asesoría letrada de Prefectura habría recibido un ascenso fuera de toda norma convencional luego de emitir un dictamen que favoreció la postura del actual mando. Botana fue tajante al señalar que Elizondo fue designado a pesar de existir un informe previo y negativo de la propia asesoría letrada de la marina, lo que derivó en la búsqueda de una «biblioteca» alternativa para destrabar el nombramiento del comandante de la Armada.

La interpretación legal que habilitó al comandante de la Armada

La controversia nace de una colisión de normas. Por un lado, la Ley Orgánica de la Marina de 1946 establecía que solo los contralmirantes del «cuerpo general» podían aspirar al máximo cargo. Sin embargo, el informe de la abogada de Prefectura —que Botana cuestiona— se basó en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 2019. Bajo esta interpretación más reciente, Elizondo cumplía con los requisitos al ser un «oficial general», independientemente de su especialidad de origen, permitiendo así su llegada como comandante de la Armada.

Este cambio de criterio jurídico fue el que, según el senador arachán, «aceitó» el camino para que el Poder Ejecutivo firmara la designación. Lo que genera suspicacias en la oposición es que, apenas un mes después de este informe clave, la profesional encargada de redactarlo fuera beneficiada con una modificación normativa que Botana calificó como un acto «triplemente excepcional». El foco está puesto en cómo se manejaron las vacantes y los plazos para que este ascenso se concretara de forma retroactiva, beneficiando directamente a quien asesoró al comandante de la Armada.

Un decreto modificado a medida en la Prefectura

El corazón de la denuncia radica en la firma del decreto del 10 de setiembre, suscripto por el presidente Yamandú Orsi y la ministra Lazo. Esta modificación permitió que el personal subalterno técnico profesional pudiera acceder a dos ascensos por designación directa en lugar de uno, como regía anteriormente. El cambio fue impulsado desde la propia Prefectura Nacional Naval, cuerpo del que proviene el actual comandante de la Armada, saltándose —según Botana— la intervención necesaria de la asesoría letrada de la marina.

A pesar de que las abogadas de Jurídica de Defensa advirtieron que la redacción propuesta ampliaba de manera «ilimitada» la discrecionalidad para conferir ascensos, el decreto siguió adelante. Lo más llamativo del caso es que el texto final del documento afirma haber sido informado por la asesoría letrada del comando general, algo que los documentos revisados parecen desmentir. Para Botana, este encadenamiento de hechos sugiere que se buscó recompensar la lealtad jurídica de quien facilitó el ascenso del comandante de la Armada.

El retiro por edad y el nombramiento retroactivo

Otro de los puntos grises de la maniobra tiene que ver con los tiempos biológicos y administrativos. La abogada en cuestión habría alcanzado la edad de retiro obligatorio antes de que el nuevo decreto fuera publicado. Sin embargo, tras la firma presidencial, se procedió a su reincorporación y se le otorgó el ascenso con carácter retroactivo, evitando así que pasara a la situación de retiro. Este movimiento es el que Botana define como la tercera pata de un beneficio que, a su juicio, es «inexplicable» bajo criterios de mérito ordinario.

El senador nacionalista sostuvo que es muy probable que tanto el presidente como la ministra no estuvieran plenamente informados de la «letra chica» y las consecuencias de lo que estaban firmando. «Jamás le harían firmar al presidente una cosa de la cual estarían convencidos de que está mal», sentenció Botana, sugiriendo que hubo una manipulación de la información técnica que llegó a los máximos jerarcas del Estado para favorecer al entorno del comandante de la Armada.

Las repercusiones políticas en el Ministerio de Defensa

Esta nueva denuncia debilita la narrativa de transparencia que el Ministerio de Defensa intentó proyectar tras la interpelación por las patrulleras oceánicas. El Frente Amplio, si bien mantiene la mayoría en el Senado para blindar políticamente a la ministra Lazo, se enfrenta ahora a la presión de una posible comisión investigadora. La interna de la marina está convulsionada, ya que el bypass realizado a la asesoría letrada propia para tomar como válida la de Prefectura es visto como un quiebre en las tradiciones institucionales del cuerpo.

Mientras tanto, el mando naval intenta mantener el rumbo operativo en medio de una tormenta política que no parece amainar. La oposición promete seguir hurgando en los expedientes para determinar si existieron más ascensos bajo esta nueva modalidad discrecional. El caso pone de manifiesto la delicada relación entre los mandos militares y el poder político, especialmente cuando las interpretaciones legales parecen ajustarse a las necesidades del momento para consolidar la figura del comandante de la Armada.

¿Podrá el sistema de control parlamentario desentrañar si estos ascensos fueron premios por servicios jurídicos prestados o simplemente una modernización administrativa necesaria?