Uruguay Al Día
El conflicto entre la JUTEP y la conducción de ASSE por el caso del Dr. Danza revela un grave deterioro institucional en Uruguay. La resolución de la JUTEP, que afirma que no hubo violación jurídica pero recomienda al presidente de ASSE abandonar casi todas sus actividades privadas, es contradictoria y políticamente funcional. Esa ambigüedad genera un precedente peligroso, erosiona la confianza en los organismos de control y habilita que un funcionario esté simultáneamente dentro y fuera de la ley según conveniencia política.
La reacción del Poder Ejecutivo profundiza el problema: pese a que múltiples expertos independientes señalaron incompatibilidades constitucionales, el gobierno usó el informe de la JUTEP como escudo para mantener a la autoridad de ASSE, priorizando criterios políticos por encima del rigor jurídico.
En este contexto, el llamado a sala promovido por el diputado Gerardo Sotelo cobra relevancia como instancia de transparencia y fiscalización. No se espera una censura, pero sí explicaciones públicas sobre por qué el Ejecutivo sostiene que no hubo infracción y, al mismo tiempo, acepta que el presidente de ASSE renuncie a todas sus actividades privadas salvo una. También deberá justificarse por qué se desestimaron informes jurídicos independientes en favor de uno elaborado dentro del propio organismo cuestionado.
La sesión permitirá que ASSE y el Ministerio de Salud enfrenten las contradicciones que hasta ahora solo respondieron mediante discursos políticos. Aunque políticamente el episodio no altere correlaciones de fuerza, deja al descubierto un problema mayor: la normalización de decisiones institucionales moldeadas para sostener conveniencias políticas.
El caso evidencia la necesidad de reafirmar un principio básico: en una república democrática, lo jurídico debe prevalecer sobre lo político, sin ambigüedades ni excepciones.