Pereira defendió el pago a ediles y pidió un acuerdo legislativo

Un debate abierto sobre la función y el financiamiento de los ediles

El debate político en torno a la transparencia, la regulación de los recursos y el funcionamiento de las Juntas Departamentales volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. En este marco, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, abordó las controversias sobre el uso de las partidas presupuestales para secretarías y gastos operativos en los distintos departamentos del país, sosteniendo la necesidad de avanzar hacia una regulación profesional del rol de los ediles en Uruguay.

Las declaraciones se producen luego de que el Secretariado Ejecutivo de la fuerza de izquierda convocara a sus representantes departamentales para analizar el manejo de los fondos asignados a la labor legislativa local. Durante su intervención periodística, Pereira remarcó que el Frente Amplio cuenta con más de 200 ediles distribuidos en los 19 departamentos y advirtió sobre la inconveniencia de abordar esta temática con una mirada enfocada de forma exclusiva en la capital del país.

Aportes departamentales, sectores y el caso del edil Gómez

Durante el intercambio de opiniones, se señalaron las variaciones existentes según la jurisdicción, destacando que al menos 14 intendencias otorgan apoyo económico o partidas específicas para el funcionamiento operativo y de representación de las bancadas, mientras que otras cinco comunas no contemplan asignaciones de esta índole.

Al abordar el caso del edil Gómez y las presuntas irregularidades vinculadas al cobro y asignación de fondos de secretaría mediante la figuración de terceros, Pereira sostuvo que en situaciones de esa índole las responsabilidades recaen sobre el individuo que comete la infracción. Asimismo, aclaró que la prioridad absoluta debe ser la investigación judicial sobre lavado de activos y narcotráfico que dio origen al caso, evitando que el foco principal de la atención pública quede relegado.

En cuanto al sostenimiento económico de los representantes locales, el presidente de la coalición explicó que son los sectores políticos los que, en diversos casos, asumen el pago de compensaciones o pequeñas partidas salariales para permitir una mayor dedicación horaria, aclarando que no se trata de erogaciones directas de la estructura central de la fuerza política.

Comparativa sobre el régimen de remuneración de los ediles en la región

El debate constitucional uruguayo mantiene la premisa de que el cargo de edil posee carácter honorario, una característica distintiva frente a otros sistemas normativos de América Latina. En varios países del cono sur y de la región, los miembros de los órganos legislativos locales —denominados concejales o ediles según la jurisdicción— perciben dietas oficiales, salarios reglamentados o presupuestos asignados por ley para la contratación directa de asesores técnicos:

• Brasil y Argentina: Los concejales municipales cuentan con asignaciones presupuestarias fijadas por ley y dietas tabuladas según la escala poblacional del municipio.

• Chile: Los concejales perciben un estipendio mensual denominado dieta municipal por su asistencia a las sesiones y comisiones de trabajo.

• Uruguay: La Constitución de la República establece en su artículo 295 el carácter honorario de la función de edil, lo que ha llevado a las intendencias a implementar partidas de compensación de gastos, pasajes o rubros para secretaría administrativa.

La propuesta de reforma legal y consulta popular

Ante las dudas sobre la opacidad que pueden generar las partidas de secretaría y combustible, Pereira planteó que la solución de fondo requiere un acuerdo político amplio. Para ello, propuso la elaboración de un proyecto de ley que establezca con claridad el número de ediles por departamento, fijando sus salarios, la cantidad de asesores permitidos y el mecanismo de financiamiento de los secretarios.

Debido a que una modificación de esta magnitud exige mayorías especiales y ajustes de rango institucional, Pereira indicó que la iniciativa debería contar con el respaldo de dos tercios de los integrantes del Parlamento e incluso ser sometida a la ratificación popular mediante plebiscito, con el objetivo de dotar de máxima transparencia a la gestión democrática en los gobiernos subnacionales.

Próximos pasos en la búsqueda de consensos políticos

El planteo formulado por la dirigencia del Frente Amplio coincide con las inquietudes manifestadas por figuras de otros partidos, como el referente nacionalista Martín Lema, quien también hizo pública su preocupación por el esquema de funcionamiento en los deliberativos departamentales.

En ese sentido, la búsqueda de coincidencias entre las principales fuerzas políticas del país —que concentran la gran mayoría de la representación legislativa nacional y departamental— se perfila como la vía principal para definir si se promoverá un diálogo institucional formal que derive en una propuesta legislativa sobre el estatuto del edil.