Giuseppe Rinaldi
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Parece que en el Palacio Legislativo el ingenio no descansa cuando se trata de buscar soluciones creativas a problemas estructurales. La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que, bajo el rimbombante título de «Fortalecimiento de las medidas asegurativas», pretende atacar el histórico problema de la pensión alimenticia en Uruguay prohibiendo a los deudores el ingreso a espectáculos públicos pagos. Sí, leyó bien: la solución al incumplimiento alimentario, según el oficialismo, pasaría por poner un portero a revisar listas de morosos antes de un partido de fútbol o un concierto.
La iniciativa, impulsada por la diputada Margarita Libschitz (MPP), parte de una premisa real: los niveles de incumplimiento en la Cuota alimentaria en Uruguay siguen siendo alarmantemente altos. Sin embargo, la receta propuesta parece más un manotazo de ahogado o una movida para las tribunas que una herramienta jurídica eficaz. La idea es que si un padre (o madre) figura en el Registro Nacional de Actos Personales como moroso, quede automáticamente inhabilitado para disfrutar del ocio, como si el control en la puerta de un teatro fuera a depositar mágicamente los pesos que faltan en la cuenta de los hijos.
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El «veraz» de los padres morosos y el control social
El proyecto no se queda solo en la puerta del estadio. Busca crear una base de datos de acceso público y gratuito —una suerte de «muro de la vergüenza» digital— para que cualquiera pueda consultar quién debe la obligación alimentaria en Uruguay. Según los redactores, esto funcionaría como un «incentivo efectivo» y un «símbolo de una sociedad que prioriza los derechos de la infancia». No obstante, en los pasillos parlamentarios ya se escuchan bromas sobre la viabilidad de aplicar estos controles en un país donde la burocracia estatal muchas veces no puede ni levantar un acta de tránsito a tiempo.
Para que esta «red de control social» funcione, el proyecto estipula que la Justicia comunique de oficio la morosidad al Banco Central del Uruguay (BCU) para incluirla en la Central de Riesgos Crediticia. También se pretende que el deudor no pueda sacar certificados comunes o especiales ante el BPS ni la DGI. Si bien estas medidas administrativas tienen un tinte más serio, la insistencia en mezclar la pensión alimenticia en Uruguay con el derecho al esparcimiento suena, para muchos críticos, a una ocurrencia de último momento para llenar espacio en la agenda legislativa.
¿Secreto bancario o cortina de humo legislativa?
Un punto que sí ha generado interés técnico, y que logró el guiño de la diputada colorada Elianne Castro, es la intención de facilitar el levantamiento del secreto bancario. Castro coincide en que es necesario que las deudas por asignación alimentaria en Uruguay no queden «invisibles» ante el sistema financiero. La idea es que jueces y organismos de control tengan una coordinación real para detectar dónde está la plata de quienes dicen no tener un peso para sus hijos, pero mantienen una vida financiera activa en las sombras.
Sin embargo, el foco mediático se ha quedado con la prohibición de los casinos y cines, emulando una medida que el gobernador bonaerense Axel Kicillof aplicó recientemente en Argentina. La pregunta que surge es si Uruguay está en condiciones de implementar un sistema de reconocimiento o chequeo de identidad en cada espectáculo pago para filtrar a los deudores de la cuota de manutención en Uruguay. En un país donde los grandes eventos ya tienen dificultades de seguridad, sumarle la fiscalización de deudas civiles parece, cuanto menos, una propuesta desconectada de la logística real de las ticketeras y los clubes.
El costo de la «violencia económica» y las soluciones reales
El oficialismo defiende su postura calificando el impago como una forma de «violencia económica». Es indiscutible que la pensión alimenticia en Uruguay es un derecho humano de los niños y adolescentes, y que su incumplimiento genera situaciones de vulnerabilidad extrema. Pero el debate de fondo es si estas medidas punitivas sobre el consumo cultural son realmente disuasorias o si simplemente estamos ante un nuevo capítulo de «parlamentarismo de redes sociales», donde se proponen leyes llamativas que luego duermen el sueño de los justos por ser inaplicables.
Mientras el proyecto inicia su camino en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio necesita votos de la oposición para avanzar, la sociedad observa con escepticismo. ¿Se convertirá el carné de deudor en el nuevo impedimento para ir al Centenario? ¿O terminará este proyecto guardado en un cajón, como tantas otras ideas que prometieron solucionar la pensión alimenticia en Uruguay con soluciones mágicas que nunca llegaron al bolsillo de las madres y padres que crían solos?