La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza si existe incompatibilidad en que Álvaro Danza, médico internista y docente grado 5, presida la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al mismo tiempo que atiende en tres mutualistas privadas. El asunto encendió un cruce político inmediato: mientras blancos y colorados piden su renuncia, el gobierno cerró filas en su defensa.
El caso llegó a la Jutep por la denuncia de un particular. El vicepresidente del organismo explicó que se debe mantener la reserva hasta que el directorio emita un pronunciamiento. Sin embargo, la presidenta Ana Ferraris aclaró que no hay plazos definidos, dejando el tema abierto y aumentando la incertidumbre.
Un doble rol cuestionado
Danza, además de liderar ASSE —que concentra casi 1,5 millones de usuarios—, continúa atendiendo en la Asociación Española, Médica Uruguaya y el CAMS de Soriano. También encabeza la Unidad Académica Clínica Médica 2 del Hospital Pasteur. La pregunta que se repite es si resulta compatible que el presidente del mayor prestador público de salud mantenga actividad privada con intereses cruzados.
Cuando su nombre fue evaluado por el gobierno para presidir ASSE, Danza encargó al estudio Delpiazzo un informe jurídico. Ese dictamen, de diciembre, descartaba incompatibilidades pero sugería consultar a la Jutep. Ese paso nunca se concretó y recién después de su designación se pidió al organismo que se expida.
Críticas de la oposición
El diputado colorado Felipe Schipani fue categórico: “Tengo pocas expectativas del pronunciamiento de la Jutep, en la medida que es un órgano político”. Según afirmó, resulta difícil creer que el fallo vaya en contra de la postura ya expresada por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y el presidente Yamandú Orsi, ambos en respaldo de Danza.
El Partido Colorado reclamó directamente la renuncia inmediata del jerarca. En paralelo, el Partido Nacional puso la mira en la integración actual de la Jutep, que cuenta con dos miembros oficialistas y carece aún de un tercer vocal de la oposición. Para el diputado Amin Niffouri, “pedir un informe en estas condiciones no da garantías necesarias”.
Sospechas sobre la independencia
Niffouri agregó que un informe de la Jutep con solo dos integrantes oficialistas sería poco más que “una opinión del gobierno”, y recordó que el dictamen de Delpiazzo fue solicitado por el propio involucrado. La falta de independencia aparece como un elemento central en la discusión.
El legislador blanco advirtió que su partido analiza medidas parlamentarias y que ya se pidieron informes a constitucionalistas reconocidos. Una de las primeras acciones podría ser convocar a la ministra de Salud al Parlamento para dar explicaciones.
El oficialismo se atrinchera
Desde el Frente Amplio, la estrategia fue blindar a Danza. El diputado Federico Preve respondió con dureza a los blancos: “Que no amenacen con convocar a la ministra, que la citen y chau, sino es puro chicaneo”. La frase expuso el clima crispado en torno al tema.
Por otro lado, el senador Martín Lema sumó presión al señalar que “el presidente de ASSE no puede ser part-time”. Según los blancos, resulta contradictorio que se reclame subir sueldos gerenciales en ASSE por la dedicación que requieren, mientras Danza sigue repartiendo horas en prestadores privados.
Una definición que no llega
El desenlace depende ahora de la Jutep, aunque el organismo no tiene plazos establecidos. Esa falta de definición sostiene la tensión política y la sensación de que el caso podría alargarse indefinidamente. Mientras tanto, Danza continúa en su doble rol, con el respaldo del Poder Ejecutivo y el recelo de la oposición.
La polémica revela una vez más la dificultad del sistema político uruguayo para asegurar transparencia plena en cargos clave. Para unos, el caso Danza es un ejemplo de incompatibilidad evidente; para otros, un ataque con motivación partidaria. Lo cierto es que, hasta que no exista una resolución clara de la Jutep, el tema seguirá marcando la agenda sanitaria y política del país.
