Giuseppe Rinaldi
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Un reclamo que nace desde las filas policiales
La tensión en el Ministerio del Interior alcanzó un punto de ebullición este viernes, luego de que la Unión de Policías de la Guardia Republicana emitiera un comunicado contundente. El texto, que circuló rápidamente por todas las dependencias, pone sobre la mesa la renuncia de Carlos Negro como única salida ética ante el siniestro de tránsito protagonizado por el jerarca. Según informaron fuentes de la interna sindical a Uruguay al Día, el malestar entre los efectivos de calle es generalizado, entendiendo que la figura del ministro ha quedado seriamente comprometida frente a la opinión pública.
El hecho que desencadenó esta crisis ocurrió cuando el actual titular de la cartera no respetó una señal de pare, colisionando con una motocicleta que circulaba a alta velocidad. Para el sindicato, este episodio no puede reducirse a una simple infracción administrativa de tránsito, sino que representa un golpe letal a la autoridad moral de quien debe dirigir a la fuerza. El pedido de renuncia se fundamenta en la premisa de que un jefe político de la Policía Nacional no puede desoír las normas que sus propios subordinados exigen cumplir diariamente a la ciudadanía en cada rincón del país.
El daño a la imagen institucional y el descrédito
Desde la Unión de Policías se argumenta con severidad que la permanencia del exfiscal de Homicidios en el cuarto piso de la calle Mercedes debilita la cadena de mando de forma irreversible. El comunicado oficial reza que «la Policía no puede exigir lo que su máxima autoridad no cumple», una frase que sintetiza el sentimiento de desprotección que siente el personal subalterno. La renuncia de Carlos Negro es vista, entonces, no como un ataque personal, sino como una medida de «responsabilidad institucional» necesaria para salvaguardar el prestigio de la Guardia Republicana y del resto de las unidades operativas.
El gremio subraya que el ejemplo del mando no es una cuestión opcional, sino un requisito indelegable para sostener la credibilidad del Ministerio. En un contexto donde la seguridad pública es el principal eje de preocupación de los uruguayos, que el máximo responsable de la ley la infrinja por una distracción vial genera un «daño a la imagen» difícil de reparar sin un recambio de nombres. Esta presión sindical se suma a las críticas de la oposición, dejando al ministro en una posición de vulnerabilidad política que pocos jerarcas han logrado sortear sin terminar en una dimisión efectiva.
La ley es igual para todos en el Ministerio
El tono del comunicado no deja lugar a segundas lecturas: los policías entienden que el ministro ha dejado a la institución en una posición de descrédito ante la ciudadanía. Para la Republicana, exponer injustamente al personal a las críticas de la sociedad por las acciones de su superior es un error que solo se subsana con la renuncia de Carlos Negro. La consigna de que «la ley es igual para todos» resuena con fuerza en los pasillos policiales, donde se recuerda que cualquier agente de escala básica enfrentaría sanciones severas o incluso la separación del cargo ante un hecho de similar naturaleza.
La incertidumbre ahora se traslada a la Torre Ejecutiva, donde se evalúa el costo político de mantener a un ministro cuestionado por sus propios subordinados. El exfiscal Negro, que llegó al cargo con un perfil técnico y una trayectoria respetada en el ámbito judicial, se encuentra hoy en el centro de una tormenta que cuestiona su capacidad para liderar a quienes deben patrullar las calles. El pedido de salida por parte de la fuerza de choque más importante del país no es un dato menor y marca un precedente de rispidez que podría condicionar la gestión de la seguridad en los próximos meses si no se toma una decisión drástica.
¿Podrá un jerarca sostener su autoridad ante la tropa cuando el propio sindicato policial le ha quitado públicamente el respaldo moral para seguir al mando?